Parar el Ataque del AGCS!

¡¡ATENCION --- Organizaciones sociales del mundo Si bien la Batalla de Seattle logró prevenir una nueva ronda exhaustiva de negociaciones comerciales, no quiere decir que se hayan abandonado todas las negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Al contrario, en febrero del 2000 comenzó un nuevo ciclo de discusiones sobre el comercio de "servicios" . Estas discusiones continúan esta próxima primavera abril con negociaciones formales que se llevarán cabo luego de que se efectúe un balance a fines de marzo. Las llamadas negociaciones del AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) pueden tener un efecto dramático y profundo sobre una amplia gama de servicios públicos y derechos civiles en todo el mundo.

A continuación hay una declaración, ¡Parar el ataque del AGCS YA!, que ha sido preparada por una red internacional de organizaciones sociales que tratan con la temática OMC. Al igual que con iniciativas anteriores tales como No a la nueva ronda y Achicarse o hundirse, esperamos que esta declaración ayude a lanzar y a unir a nivel mundial a las distintas campañas nacionales contra las negociaciones del mencionado acuerdo.

Le pedimos que su organización se adhiera a esta declaración lo antes posible. Encontrarán datos de cómo hacerlo a continuación. Nuestra intención es lograr la mayor cantidad de adhesiones posible de cuantos países se pueda para lanzar formalmente la declaración a mediados de marzo - o sea, anteriormente a las reuniones de balance del AGCS que se llevarán a cabo en Ginebra a finales de ese mes.

1. Envíe un correo electrónico a polarisinstitute@on.aibn.com
2. Como asunto escriba: "Adhesión al ataque del AGCS"
3. Como texto del correo electrónico provea el nombre de la organización y el país. Se agradecen datos de contacto, tales como dirección, número de teléfono y fax. Si lo desea, también puede incluir el número de personas que representa la organización.

¡Parar el ataque del AGCS ya!

Como organizaciones de la sociedad civil que luchan por la democracia lograda a través del comercio justo y las reglas de inversión, rechazamos la desestimación de parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), algunos de los gobiernos miembro y las corporaciones aliadas frente a las preocupaciones planteadas por la sociedad civil antes, durante y después de Seattle. Apenas se levantaban las nubes de gas lacrimógeno de las calles de la ciudad, cuando la OMC ya lanzaba nuevas negociaciones para expandir las reglas globales del comercio multilateral de servicios. Esta expansión se plantea de forma de crear nuevos y enormes derechos y acceso para las empresas multinacionales proveedoras de servicios y para continuar limitando a nivel mundial la capacidad de los gobiernos de actuar a favor del interés público. Estas negociaciones cambiarían radical y negativamente el papel que juega el gobierno en relación al acceso a servicios sociales esenciales. Estos cambios irían en contra del interés público y de la democracia en sí.

Iniciadas en febrero del año 2000, estas extensivas negociaciones apuntan a ampliar el Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC con el fin de subordinar a nivel mundial los gobiernos democráticos a las reglas globales de comercio que se establecen e imponen por la OMC como cuerpo supremo de gobierno económico mundial. Es más, estas negociaciones se están llevando a cabo en secreto y en connivencia con las corporaciones
globales y sus grupos de presión.

El régimen actual del AGCS, establecido originalmente en 1994, ya es extensivo y de gran alcance. Las reglas ya apuntan a ir quitando progresivamente las "barreras" gubernamentales que se le presentan al comercio internacional en el sector de los servicios. El AGCS abarca cuanto servicio sea imaginable - incluyendo los servicios públicos - en sectores que afectan al medio ambiente, la cultura, los recursos naturales, el agua potable, la salud, educación, seguridad social, servicios de transporte, de correo y una serie de servicios municipales. Impone límites a prácticamente todas las medidas gubernamentales que afecten al comercio de servicios: desde límites impuestos a la legislación laboral hasta a la protección del consumidor, incluyendo en el tema de regulaciones, directrices, subvenciones, cualificaciones y pautas para otorgar permisos. También afecta los límites gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las pruebas de necesidad económico y disposiciones de contenido cultural local.

Actualmente, las reglas del AGCS se aplican a todo lo que tenga que ver con la provisión y realización de un servicio, incluyendo a la inversión extranjera, la provisión fronteriza de un servicio, el comercio electrónico y los viajes internacionales. Es más, el AGCS representa un híbrido de acuerdo verticalista (donde se incluyen todos los sectores y medidas que no
estén explícitamente excluídos) y desde abajo (donde se abarcan sólo los sectores y medidas a los que los gobiernos se comprometan explícitamente). Esto quiere decir que actualmente algunas disposiciones se aplican a todos los sectores mientras otras se aplican sólo a los sectores específicamente acordados.
Las nuevas negociaciones sobre el AGCS llevadas a cabo en la OMC en este momento, apuntan a continuar facilitando el copamiento de los servicios públicos por parte de las corporaciones de la siguiente manera:

1. Imponen nuevos y severos límites sobre la capacidad que tienen los gobiernos para mantener o crear formas de protección al medio ambiente, la salud o el consumidor y para establecer otros estándares de interés público. Esta nueva imposición se logra a través de la extensión del Artículo VI de Normas Domésticas del AGCS. Las propuestas incluyen a una "prueba de necesidad" por la cual los gobiernos tendrían la obligación de demostrar que las leyes y normas del país restringen al comercio lo menos posible, sin tomar en consideración las necesidades económicas, sociales, tecnológicas o de otra índole del propio país.

2. Restringen la utilización del presupuesto gubernamental en el tema de obras públicas, servicios municipales y programas sociales. Al imponerle las reglas de Tratamiento Nacional de la OMC al área de adquisiciones y subvenciones públicas, las nuevas negociaciones buscan que los fondos públicos dirigidos a los servicios públicos deban ser directamente dedicados por los gobiernos a empresas privadas y extranjeras.

3. Obligan a los gobiernos a otorgar Acceso ilimitado al Mercado a proveedores extranjeros de servicios, sin tener en cuenta los impactos sociales y medioambientales que puedan tener la cantidad o el tipo de las actividades de servicio.

4. Aceleran el proceso de garantirles a los proveedores empresariales de servicios el acceso al mercados interno en todos los sectores, incluyendo a la educación, la salud y el agua. Esto se logra al permitir a empresas extranjeras establecer su Presencia Comercial en otro país a través de nuevas normas de la OMC que se diseñan para promover el comercio electrónico no gravable a nivel mundial. Esto le permitiría a las empresas trasnacionales el acceso rápido e irreversible a los mercados, particularmente a los del tercer mundo.

Los principales beneficiarios de este nuevo régimen del AGCS son los proveedores corporativos de servicios decididos a extender su alcance comercial global y a convertir a los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. Más allá de que las industrias de servicios son el sector de la economía global que crece con más rapidez, la salud, la educación y el
agua potable se están convirtiendo en los más rentables de todos los servicios. Se considera que la salud representa un mercado con un valor de U$S 3,5 trillones anuales, la educación U$S 2 trillones anuales y el agua U$S 1 trillón anual. El Director Ejecutivo de la corporación hospitalaria
con fines de lucro más grande del mundo, la Columbia/HCA basada en EEUU,
insiste que el cuidado de la salud es un negocio de la misma forma que lo son las industrias de aviación o de rulemanes y jura que destruirá todos los hospitales públicos en Norte América. Casas de inversión tales como Merril Lynch predicen que la educación pública será privatizada a nivel mundial dentro de la próxima década y declaran que este proceso puede lograr ganancias incalculables. Mientras tanto, los gigantes de la industria del agua, tales como Vivendi y Suez Lyonnaise des Eaux de Francia, trabajan en conjunto con el Banco Mundial para obligar a muchos gobiernos del tercer mundo a privatizar los servicios de agua.

A través de poderosos grupos de presión tales como la Coalición Estadounidense de Servicios y el Foro Europeo de Servicios, estas y otras empresas trasnacionales han prácticamente dictado el orden del día de las negociaciones AGCS 2000.

Que las corporaciones logren su objetivo en el AGCS 2000 representa un ataque frontal a los derechos sociales fundamentales consagrados en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Acuerdos y Estatuos que la acompañan. No sólo se logrará que las empresas extranjeras con fines de lucro puedan accedar a los dineros públicos para apoderarse de los hospitales y las escuelas, sino que estas normas de comercio global de la OMC también lograrán minar las regulaciones de la salud y la educación. Las cadenas de empresas extranjeras con fines de lucro tendrían la posibilidad de invadir a los sistemas de cuidado de los niños, de seguridad social y de cárceles en todos los países miembro de la OMC. Nuestros parques, fauna y bosques naturales se podrían convertir en materia de competencia por la explotación de los recursos entre proveedores corporativos de servicios medioambientales. Al mismo tiempo las empresas extranjeras tendrían derecho al acceso ilimitado para los contratos
municipales de construcción, saneamiento, recolección de residuos, obras sanitarias, turismo y agua.

Para muchos países del tercer mundo, esta violación de los derechos básicos no es nueva. Durante más de dos décadas, los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se han utilizado para obligar a muchos gobiernos del Sur a desmantelar los servicios públicos y permitirle a empresas extranjeras proveer servicios de salud, educación y agua con el objetivo primordial de lograr ganancias. Bajo las reglas propuestas por el AGCS, los países en desarrollo sufrirían un desmantelamiento mayor de los proveedores locales de servicios, se impondrían límites sobre el fomento de proveedores nacionales, y se crearían nuevos monopolios dominados por corporaciones basadas en el Norte. Al incrementar dramáticamente el control sobre el mercado por parte de las empresas de servicios extranjeras y al poner en peligro el futuro de los servicios púlbicos, la agenda del AGCS 2000 lanza una ofensiva mundial en contra de la ciudadanía y la democracia, tanto en el Sur como en el Norte. Es más, los mecanismos obligatorios de la OMC para hacer cumplir estos
acuerdos, garantizarán que no sólo se cumplan sino que se conviertan en irreversibles. Ha llegado el momento de "¡Parar el ataque del AGCS!"

Por todo esto, exhortamos a nuestros gobiernos a declarar una moratoria inmediata a las negociaciones AGCS 2000 y a dedicar los dos años restantes de las negociaciones a cumplir las siguientes tareas:

[a] realizar una evaluación completa y exhaustiva de los efectos del régimen actual del AGCS y las implicancias de las reglas propuestas por el AGCS 2000 sobre las leyes, políticas y programas nacionales en las áreas sociales, medioambientales y económicas, en conjunto con la ciudadanía de los países miembros;

[b] reafirmar el papel y la responsabilidad de los gobiernos en proveer servicios públicos asegurando los derechos y necesidades básicas de los ciudadanos en la nueva economía global, basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Convenios y Estatutos relacionados a la Declaración;

[c] debilitar al régimen actual del AGCS derogando componentes como el Artículo VI y el Grupo de Trabajo sobre Regulaciones Nacionales que otorgan a los gobiernos extranjeros y a las compañías trasnacionales el poder para tirar abajo las leyes, políticas y programas de interés público tales como las normas de calidad para el cuidado de la salud y de seguridad para los
servicios de transporte;

[d] garantizar el derecho de los gobiernos a exigir salvaguardas contundentes para los servicios públicos (p.ej. la salud, educación, seguridad social, cultura, el medioambiente, transporte, la vivienda, energía y el agua) cuando éstos se ven amenazados por las reglas de comercio e inversión globales.

[e] proveer incentivos y recursos concretos, especialmente para los gobiernos del Sur, a fin de que cumplan con las obligaciones universales (referirse al literal [b]) y que la provisión de los servicios públicos se desarrolle en base a las necesidades del pueblo, no a la capacidad de pago.

[f] desarrollar mecanismos que permitan la participación efectiva de las organizaciones civiles tanto en la formulación de la postura gubernamental como en la negociación de cualquier regla de inversión y comercio mundial en relación a los servicios fronterizos.

[g] asegurar los derechos y responsabilidades de los gobiernos para promulgar e implementar regulaciones que protejan al medioambiente y a los recursos naturales y a la salud y seguridad, y que fomenten el bienestar social y la eliminación de la pobreza.

Por último, exhortamos a nuestros gobiernos a poner fin a las presiones por parte del FMI, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Multilateral sobre los países en desarrollo para que los mismos privaticen los servicios públicos, en particular en el área de la educación, la salud y el agua.

Las organizaciones que ya han firmado la declaración "¡Parar el ataque del
AGCS YA!" (al 7 de mayo del 2002) son:
El total des organizaciones : 527
El total des paises : 61

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