Vivienda 2002

Prohibido alarmarse AIRE LIBRE

Prohibido alarmarse

Cristina Narbona
Las familias españolas han perdido 72.000 millones de euros en la Bolsa en lo que va de año. Pero que nadie se alarme: Rodrigo Rato —haciendo honor al disfraz de mago con el que le dibuja genial Peridis— ya dijo, hace poco, que esas pérdidas patrimoniales se veían compensadas por la revalorización de los activos inmobiliarios, cuyo precio, ya se sabe, se ha disparado a modo de espectacular manifestación de lo bien que va España… Seguramente por coherencia gubernamental, el director general de la Vivienda aclaró, hace unos días, que los altos precios de los inmuebles no eran motivo de alarma. Por cierto, el citado director general tuvo a bien hacer esta precisión en un curso de la Universidad Menéndez y Pelayo, después de muchos meses de silencio y de injustificable ausencia de cualquier debate público sobre el tema. De hecho, ni él, ni su ministro, ni los responsables del PP en materia de política de vivienda —ni siquiera Aznar en el debate del estado de la Nación— aceptan dar la cara, salvo, por lo visto, en ocasiones muy excepcionales, a las que se invita a los promotores y constructores, pero no a los partidos de la oposición.
En fin, que nadie se alarme: los españoles aumentan su nivel de endeudamiento con los bancos, el valor de sus ahorros colocados en Bolsa cae estrepitosamente y sus hijos no consiguen emanciparse, gracias a un mercado laboral mucho más precario que el del resto de la Unión Europea y a una vivienda mucho menos accesible que en dicho entorno. Pero, en compensación, el valor de las casas —de los que tienen casas— ha crecido más que en ningún otro país occidental durante los últimos veinte años. Y eso permite, por ejemplo, que las familias españolas pidan nuevos créditos hipotecarios o amplíen los que ya tienen, motivados por la ilusión monetaria de tipos de interés muy bajos. Lástima que el vicepresidente económico —haciendo uso de su gran capacidad pedagógica— no explique a los españoles que lo que hay que tener en cuenta a la hora de endeudarse es el tipo de interés "real", es decir, el resultante de descontar la tasa de inflación al tipo nominal, ya que la tasa de inflación ofrece, a su vez, una referencia aproximada del incremento previsible de los ingresos (al menos de los salarios). Y nadie debería tomar un préstamo, por "barato" que le parezca, sin pensar en el margen que queda entre la evolución de su poder adquisitivo y el coste adicional de su endeudamiento…

Cuando desde el Gobierno se invoca los bajos tipos de interés de los créditos hipotecarios, cual talismán ante el encarecimiento de la vivienda, olvida señalar que desde 1998, a pesar de la favorable evolución del coste de las hipotecas, el esfuerzo medio de un ciudadano para adquirir la vivienda ha ido creciendo hasta situarse hoy día en niveles superiores al 40% de la renta media española; es decir, en niveles totalmente prohibitivos para los centenares de miles de jóvenes con ingresos inferiores a la media.

En su disertación en la Universidad Menéndez y Pelayo, el director general de la Vivienda reconoció, de pasada, la drástica disminución registrada desde 1996 en la oferta de viviendas protegidas, pero aseguró que dicho déficit se resolverá gracias al vigente Plan de Vivienda 2002/2006. Desde luego, sería muy oportuno que el Gobierno actuara con mayor transparencia e hiciera públicos los resultados de dicho plan a través de la página web del Ministerio de Fomento —que nada dice de lo acaecido entre enero y julio de este año— y, por supuesto, de forma periódica, en el Parlamento. La ausencia de datos oficiales, por desgracia, no oculta la paralización de la política de vivienda, de acuerdo con las declaraciones de los propios promotores inmobiliarios, la mayoría de ellos nada sospechosos de "rojos" radicales… Otra información de gran interés ofrecida por el director general fue el anuncio de que el Gobierno estaba buscando el "máximo consenso" para reformar la Ley del Suelo de 1998, aquella que se vendió como la herramienta capaz de reducir el precio del suelo y de la vivienda… Ignoro donde anda el Gobierno buscando dicho consenso, ya que no ha mantenido ni una sola reunión con los responsables de urbanismo de las Comunidades Autónomas, por lo menos no con los de aquellas gobernadas por el PSOE, cuyas leyes autonómicas en materia de suelo, por cierto, han sido recurridas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

Tampoco aprovechó el director general de la Vivienda para explicar qué va a hacer el Gobierno con los 50 millones de metros cuadrados de suelo de titularidad estatal (Renfe, Ministerio de Defensa, Instituciones Penitenciarias…) que están pendientes de venta y de los que bastaría emplear menos de la mitad en la promoción de viviendas públicas en alquiler, para aliviar, en serio, los problemas de acceso a la vivienda de muchos de nuestros jóvenes. Pero no se alarmen: de momento parece seguro que —salvo honrosas excepciones, véase Zaragoza o La Coruña— la venta de tales suelos se aplicará a conseguir el "déficit cero" en las cuentas públicas y, por lo tanto, en que España siga siendo Europa… aunque sólo sea nominalmente.

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