Una nueva gobernabilidad para la ciudad

Agenda Hábitat Democracia local

Propuesta de temas para debate en un Foro sobre democracia local:

El sentimiento de ciudadanía se apoya sobre la existencia o la reivindicación de, unas condiciones materiales (barrio, accesibilidad, ciudad), socio-económicas (empleo, políticas sociales de discriminación positiva, cualificación profesional,etc.), culturales (identidad ciudadana, socialización de la comunicación, etc.) y políticas (asociociacionismo, participación, solidaridad, igualdad política y jurídica, etc.). Sobre estas bases se desarrolla la conciencia de lo local y la defensa de valores locales, como expresión diferenciadora en un mundo que tiende a la globalidad, permitiendo desarrollar nuevas formas de gobernabilidad, que asienten y catalicen estos valores sin que ello suponga una diferenciación negativa que implique el rechazo de lo ajeno de forma insolidaria e incluso xenófoba. Los gobiernos locales deben garantizar a los ciudadanos la igualdad política y promover la igualdad de oportunidades, independientemente del género y de su origen nacional o étnico y valores culturales o religiosos.

Un tema de debate es la necesidad de que los gobiernos promuevan, especialmente a nivel local, la vida colectiva y el asociacionismo de todos los grupos sociales, especialmente de los que requieran mayor atención pública por su menor nivel de integración social urbana, vinculandolo a la identificación del ciudadano de forma solidaria con los valores y la gestión publica de su territorio, su ciudad y su barrio.

La actuación pública debe hacerse al nivel más próximo a la población que sea posible, para facilitar el contacto con el ciudadano, adecuando la aplicación de las medidas a las necesidades locales y facilitando la comprensión y adaptación de las políticas. Este principio de subsidiariedad, es un objetivo fundamental para la gobernabilidad en la Unión Europea. A los ayuntamientos, al ser los gobiernos mas próximos a la población, les corresponden las actuaciones locales, como las políticas integradas para la promoción de empleo, cohesión social, habitabilidad, sostenibilidad, etc. En las grandes ciudades la gestión democrática requiere acercar el gobierno al ciudadano, mediante la creación de estructuras descentralizadas dotadas de legitimidad política, competencias locales y capacidad administrativa.

Debe favorecerse el debate sobre las diversas formas de descentralización de la actuación municipal, acercando las actividades al ciudadano, para mejorar su eficacia y facilitar la participación del voluntariado y el asociacionismo local. En las grandes ciudades se deber contemplar la creación de áreas o circunscripciones descentralizadas con competencias locales diversas.

Un objetivo prioritario de la gestión democrática de los ayuntamientos debe ser el desarrollo de los sistemas de participación ciudadana en la toma de decisiones en la elaboración de programas, la ejecución de actuaciones y la gestión de servicios. Las actuaciones y servicios más directamente aplicados en los barrios requieren la participación directa de los vecinos, como responsables, por lo que debe concebirse su instrumentación con fórmulas de cooperación, uno de cuyos objetivos debe ser favorecer la articularización social y la responsablización vecinal o de los usuarios, en el control de la gestión posterior y en el mantenimiento de las áreas y servicios. El marco político-legal del Estado debe ser suficientemente abierto para permitir la innovación política en la gestión local, desarrollando formulas diversas y especificas de representación, gestión y participación. Para ello será necesario utilizar instrumentos de carácter normativo, financiero, cooperativo, cultural y comunicacional. La relación con los administrados es, junto con la participación ciudadana, probablemente, uno de los campos que requieren mayor esfuerzo de innovación, facilitando el acceso de los ciudadanos a la Administración (ventanilla única, telegestiones, etc.) y fomentando la comunicación amplia y generalizada, utilizando todo tipo de medios, que faciliten el acceso a la información, y la relación personal directa o a través de colectivos.

Es necesario debatir las formas más adecuadas para abrir la administración local a la participación ciudadana y desarrollar normativas que permitan formas variadas y flexibles en las distintas fases de la actuación pública.

La reforma política de los gobiernos locales, puede ser necesaria para superar la confrontación que existe en muchos ayuntamientos entre el legislativo y el ejecutivo, cuando se presentan determinadas circunstancias que impiden la formación de mayorías que faciliten la gobernabilidad, dificultando el desarrollo de una adecuada gestión municipal y la continuidad de medidas de efecto a medio y largo plazo. Entre las propuestas que se deben estudiar se encuentran la elección directa de Alcalde (incluidos los locales y los presidentes de distrito), la homologación entre mayoría ejecutiva y legislativa, el alargamiento de los mandatos, la atribución de puestos ejecutivos a profesionales por períodos que no estén vinculados a la duración de los mandatos políticos, etc.

Un tema de debate son las reformas políticas que serían convenientes para la mejora de los ayuntamientos, especialmente en las ciudades.

Administración local

Propuesta de temas para debate en un Foro sobre la organización y capacidad de gestión de la administración local:

La democracia local y la descentralización de los sistemas políticos territoriales parecen hoy en día un corolario indispensable de las tendencias a la globalización de la economía, a las estructuras políticas supraestatales y a la complejidad económico-social y la colaboración público-privada. El principio de proximidad o subsidiariedad, permite establecer una relación directa de la organización representativa y la estructura administrativa, con el territorio y la población local. Para que esta oportunidad sea efectiva se requiere dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía local, de forma que dispongan de capacidad de autorganización, mayores competencias en las actividades públicas de gestión descentralizada y disponibilidad de recursos propios. Sobre estas bases los gobiernos locales deberán y podrán asumir un rol de liderazgo promotor, ante los desafíos a que se enfrentan las ciudades, favoreciendo la coordinación de la actuación publica de las distintas administraciones y organismos, la incorporación del sector privado y la participación ciudadana.

Hay que promover el debate sobre la necesidad de fomentar el liderazgo de los ayuntamientos en la coordinación y promoción de actuaciones en las ciudades. Paralelamente es necesario debatir la aplicación del principio de subsidiariedad en distintos campos de la actuación publica.

El liderazgo municipal debe centrarse en la promoción interna de la ciudad, planteando objetivos y propuestas que favorezcan en sus habitantes de sentido de pertenencia, voluntad de participación colectiva y confianza e ilusión en el futuro de la ciudad y sus barrios. Para ello el ayuntamiento deberá promover:

la innovación político-administrativa que genere mecanismos de cooperación social y participación ciudadana, estimulando y orientando las energías de la población hacia actividades relacionadas con el bienestar colectivo y la convivencia cívica.

la concertación con otras administraciones publicas y la cooperación público-privada, contemplando también a los sectores de economía social y ONGs, para lo cual debe desarrollar iniciativa política, instrumentos legales y financieros, y consenso ciudadano.

la promoción de la ciudad hacia el exterior desarrollando una imagen positiva apoyada en la mejora de la eficiencia de su infraestructura física y habitabilidad, y la actuación en favor de la cohesión social y la sostenibilidad.

Un tema de debate será el planteamiento de los procedimientos en que debe apoyarse la construcción del liderazgo municipal para atraer a la sociedad civil y sustentar en ella los nuevos proyectos de la ciudad.

El desarrollo de la descentralización administrativa en el gobierno local y el impulso de la participación ciudadana en la toma de decisiones exige por parte de los poderes locales unos requisitos básicos que incluyen, una transparencia informativa sobre las decisiones municipales, un esfuerzo de formación de los ciudadanos sobre los temas básicos que les atañen, y ecuanimidad a la hora de recoger las aportaciones de todos los grupos sociales, sin desechar el recurso al referéndum cuando la magnitud del problema y de sus efectos lo aconsejen. Es necesaria la revisión de la organización interna de una buena parte de los gobiernos locales ya que a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, sus estructuras organizativas siguen basadas en el control de actividades. Los ayuntamientos deben dotarse de organizaciones administrativas bien formadas técnicamente y con una eficaz estructura organizativa, modernizando los servicios internos y estableciendo sistemas de formación continua entre los funcionarios.

Hay que favorecer el debate sobre las necesidades de reorganización interna de los ayuntamientos para que sean capaces de desarrollar el rol de liderazgo promotor que las ciudades necesitan.

Los ayuntamientos deben asumir una cuota de responsabilidad en el ejercicio de las competencias y funciones que tradicionalmente han estado reservadas a las Administraciones de nivel superior, y, también, actuar empresarialmente en el mercado como el sector privado, para desarrollar actividades cuya gestión esté relacionada con la problemática que requiere un tratamiento a nivel local, sean cuales fueren los factores causantes de la misma y los organismos competentes para abordarla. El tratamiento local, normalmente a nivel de barrio, que requieren estas actuaciones, exige una fuerte innovación político-administrativa, cooperación interadministrativa y participación ciudadana, ya que no son adecuadas ni las acciones unilaterales administrativas ni la remisión a mecanismos de mercado. Los bloques competenciales que reúnen condiciones para ensayar nuevas formas de gestión y gobierno local, son:

el económico: promoviendo desarrollo local para la generación de empleo, participando en el lanzamiento de actividades estratégicas para la economía de la ciudad. impulsando la infraestructura adecuada a los distintos tipos de actividad económica, participando en empresas publicas y mixtas competitivas para realizar estas u otras actividades requeridas por la ciudad, etc.

el urbanístico, de vivienda y medio ambiente: participando de forma mas estrecha con los demás niveles de la administración y el sector privado, e incorporando al conjunto de la sociedad civil, en las decisiones de inversión sobre la rehabilitación de la ciudad y los barrios, la construcción de grandes obras públicas, la recuperación de áreas en declive y de suelo ocupado por instalaciones obsoletas, las medidas de reducción de la insostenibilidad y mejora medio ambiental, etc.

las infraestructuras de servicios, transportes y comunicaciones: en la financiación de las redes, integración de barreras urbanas, y mantenimiento de los servicios; en la relación con las empresas concesionarias para la planificación y para la gestión de los servicios; o ante la posibilidad de tomar iniciativas empresariales novedosas.

el social y cultural: gestionando y/o coordinando los programas y proyectos, públicos o mixtos, que distintas instituciones desarrollan en la ciudad, y desarrollando formas de cooperación público-privada. Los campos principales son los de vivienda y urbanización básica en cooperación con los propios habitantes, la generación de empleo en actividades que atiendan el mercado local y los servicios, y el desarrollo de la oferta cultural de ciudad y de barrio. La participación en programas de educación y sanidad a nivel de gestión de las redes básicas, es también importante.

la seguridad ciudadana y la justicia: desarrollando funciones coordinadoras sobre la base de su capacidad y el principio de proximidad (seguridad de enclaves y edificios públicos, tráfico, pequeña delincuencia, etc), promoviendo políticas preventivas y/o sancionadoras, llegando a plantear un posible contenido a una justicia municipal, etc.

Es necesario profundizar en el debate de la posible y conveniente ampliación de competencias municipales, analizando distintos bloques competenciales y las consecuencias sociales, económicas y políticas, de una nueva forma de gestión. Parte de estos temas se están debatiendo ya en relación con el denominado Pacto local.

La distribución del gasto público está lejos de los niveles de otros países europeos, que se orientan a estructuras federales o descentralizadas, en los que los gobiernos territoriales controlan un 50% del gasto. La financiación de los ayuntamientos debe ser en gran parte automática por medio de ingresos propios y participación en impuestos nacionales (IRPF o IVA), dejando las aportaciones de otras administraciones para políticas compensatorias de reequilibrio, y para instrumentos finalistas de cooperación mediante actuaciones o programas concretos. Finalmente, la financiación de los entes locales, una vez cubiertos los servicios mínimos, debe orientarse a la financiación por objetivos, programas o proyectos específicos consensuados con la sociedad civil. La consideración de distintos proyectos debe contemplar los impactos, o efectos, económicos, físicos, sociales y medio ambientales, realizando un balance global.

Es necesario profundizar en el debate sobre la necesaria ampliación de la financiación local, contemplando las competencias locales que pueden desarrollar los ayuntamientos. Este debate se esta desarrollando ya actualmente en la negociación del denominado Pacto local, en la que se reclama una financiación 50-25-25 entre los tres niveles de la administración.

La cooperación público-privada requiere nuevas formas de regulación jurídica y financiera, que partiendo del desarrollo de la cooperación interadministrativa, como marco que garantías y seguridad de actuación para otros agentes, permita establecer líneas estratégicas de actuación conjunta y proyectos de cooperación. Las aportaciones publicas y privadas en las actuaciones coparticipadas concretas (Consorcios, sociedades mixtas, etc), deberán establecerse en función de los beneficios colectivos y particulares que se prevean. La gestión indirecta de servicios públicos es otra forma de cooperación, que debe utilizar fórmulas de concesión y contratación que garanticen la universalidad necesaria del servicio, utilizando empresas publicas, mixtas o privadas.

Es necesario debatir sobre las formas de desarrollar la cooperación público-privada en la gestión de actuaciones y servicios públicos, incorporando al sector privado a la financiación y gestión de las actividades siempre que pueda mejorar su eficiencia, bajo las directrices publicas y con un control social eficaz de la gestión.

Los servicios y actividades públicas deben desarrollarse con criterios de gestión empresarial. Los modelos deben ser diversos y con claras directrices públicas y transparencia y publicidad en la gestión. Los servicios o actividades que pueden desgajarse de los servicios generales, por su relativa autonomía, pueden gestionarse a través de Centros gestores autónomos (Consorcios, Empresas publicas, Institutos, Patronatos, etc.) con ingresos propio, siempre que sea posible, control político a través de un consejo de administración y control del gasto por auditoría. El control político y social de la prestación de los servicios públicos en los que se opte por formulas de concesión y contratación empresas privadas que muestren una gestión mas eficiente, se facilitará normalmente, si se constituyen sociedades mixtas que mantienen una vinculación del sector público a la gestión del servicio. Entre las actividades más características que se pueden gestionar por estas formulas de descentralización funcional se encuentran las empresas para la promoción inmobiliaria (suelo, vivienda y actuaciones urbanísticas especiales), los Consorcios de servicios (transporte, residuos, agua, etc.), las Agencias de desarrollo local, Institutos de deportes, Patronatos de cultura, etc...

Un tema de debate es la identificación de los sectores en que se puede mejorar la gobernabilidad y la modernización de la gestión municipal, mediante una correcta descentralización funcional con criterios empresariales, creando agencias "ad hoc" para programas o actuaciones especificas. Este debate debe incluir la determinación de las formas de control público de la actuación de estas agencias, tanto por la corporación municipal como por los usuarios y/o vecinos directamente afectados.

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