El AGCS: la muerte anunciada de los servicios públicos

Juan Torres López Rebelión
Juan Torres López. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga A finales de marzo se cierra una fase fundamental para el llamado Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Este último es uno de los acuerdos esenciales de la Organización Mundial de Comercio y de gran trascendencia económica y social pero que apenas sí es conocido por la población.

De hecho, las negociaciones se llevan a cabo con gran secretismo y ocultando deliberadamente las consecuencias que su puesta en marcha va a ocasionar sobre el bienestar y el progreso de las naciones.

El AGCS pretende en resumidas cuentas alcanzar un gran acuerdo entre gobiernos para reducir o eliminar todas las trabas gubernamentales que puedan impedir que los servicios se puedan suministrar libremente por encima de las fronteras nacionales.

Dicho así, parece que se trata de adoptar medidas simplemente favorecedoras del comercio que pudieran repercutir favorablemente en el abaratamiento o en el mayor acceso a los servicios. Ese es el discurso oficial pero detrás de él se pueden descubrir fácilmente las verdaderas pretensiones del Acuerdo.

Normas y compromisos incorporados

A pesar de que es muy detallado y de que está redactado con un sin fin de cautelas, se puede decir que, entre otras cosas, el AGCS incorpora normas y compromisos sobre dos grandes cuestiones.

En primer lugar, sobre los modos en que puede darse la provisión de los servicios. En este campo se refiere, por ejemplo, a la problemática de las transferencias de servicios que no implican presencia material en diferentes países como ocurre con las emisiones televisivas, o a los servicios que se prestan en el exterior a residentes de otros países.

Pero lo más significativo es que se contempla el principio de que la inversión en el exterior se pueda llevar a cabo sin tener que regirse por las reglas del país donde se realice; o que debe permitirse que una empresa pueda producir en un país con mano de obra desplazada allí sólo temporalmente y sujeta no por las normas laborales del país donde efectivamente trabaja sino por las de su país de origen.

Significa esto que de aprobarse el AGCS se permitirá que la inversión multinacional sea un verdadero territorio de nadie (como había querido establecer el abortado Acuerdo Multilateral de Inversiones) y que las grandes empresas multinacionales eludan las leyes laborales más protectoras creando un ejército de trabajadores desplazados por todo el planeta y contratados según las condiciones, muchas veces de cuasi esclavitud, imperantes en los países con legislación laboral más permisiva.

La segunda cuestión sobre la que actúa el AGCS es sobre las llamadas normas limitativas del comercio.

Se entiende en el Acuerdo que hay una serie de actuaciones de los gobiernos que limitan el libre intercambio de los servicios y que, por lo tanto, deben ir desapareciendo.

Actuaciones de ese tipo serían, por ejemplo, las siguientes.

- Establecer normas para garantizar que los servicios se presten respetando determinados niveles de calidad.

- Exigir determinados niveles de cualificación o normas técnicas específicas a la hora de prestar los servicios.

- Fijación por los gobiernos de objetivos generales de política económica y social que limiten el libre comercio.

- Concesión de subvenciones o ayudas a quienes prestan servicios públicos.

Todas estas posibles actuaciones gubernamentales se consideran que pueden limitar el libre comercio de servicios y, en consecuencia, se establece que deben desaparecer o, según el caso, aplicarse en igualdad de condiciones a los proveedores privados de servicios.

La privatización de los servicios

Muchos gobiernos habían empezado ya hace años a privatizar muchos servicios. Se trataba de servicios como las telecomunicaciones, el correo o la electricidad, entre otros, que empezaban a ser rentables para el capital privado gracias a las nuevas tecnologías y siempre y cuando se permitiera que se prestasen en condiciones de provisión restringida, es decir, con precio libre y sin la obligación de tener que abarcar a todo el mercado, tal y como había sido tradicional cuando se prestaban en condición de servicios públicos.

En los últimos años hemos podido comprobar las consecuencias de estos procesos de privatizaciones. En la mayoría de los casos se han generado mercados oligopolistas donde predomina la colusión entre las empresas y que termina por elevar los precios; ha aumentado la inseguridad y disminuido la calidad de los servicios, como en el caso de los transportes; ha disminuido la garantía de provisión como en el caso de la electricidad; se ha contribuido a degradar el medio ambiente; ha disminuido o degenerado el empleo y se han dilapidado recursos públicos en procesos de privatización muy opacos y de los que se han beneficiado, gracias a las decisiones de los propios gobiernos, los grupos económicos más privilegiados.

Pero lo que ahora implica el AGCS es mucho más. No se trata sólo de fortalecer los procesos de privatización y de crear condiciones de plena libertad para las empresas privadas.

Ahora se quiere impedir que los gobiernos regulen la prestación de los servicios y al limitar su capacidad de financiación, se pretende que incluso los servicios esenciales para la comunidad, como la educación, la sanidad o el suministro de agua, pasen a ser suministrados por empresas privadas. Es decir, se quiere llevar al límite la privatización y hacer que ese proceso sea irreversible.

En definitiva, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios pretende algo muy simple. Hoy día, y a diferencia de lo que ocurría hace unos años, la provisión de servicios públicos puede ser muy rentable cuando se haga en condiciones de mercado (es decir, fijando precios libres). En consecuencia, las grandes empresas quieren hacerse con ese gran bocado y el AGCS les hace el favor de establecer las condiciones que les permitan actuar con plena libertad en todos los países sin tener que competir con un servicio público que hasta ahora se subvenciona para poder estar al alcance de toda la población.

Las consecuencias serán fatales. Por un lado, desaparecerán las normas gubernamentales que establezcan estándares de calidad y seguridad cuando sean demasiado costosas para el capital privado. Por otro, los suministradores privados coparán cada vez más mercado (el mercado de aquellos con medios propios para poder financiar el servicio) mientras que se irán desmantelando los servicios públicos, dejando sin provisión a los sectores sociales sin recursos para pagarlos a precio de mercado.

No es casualidad que la Organización Mundial de Comercio, a pesar de los recursos ingentes con los que cuenta, se haya negado a realizar una evaluación previa de los efectos del AGCS. Como tampoco es casualidad que los gobiernos estén llevando a cabo las negociaciones en secreto. O mejor dicho, ocultándolas solo a la opinión pública, porque las empresas multinacionales sí que están permanentemente al tanto de las mismas. Es lógico que así suceda porque medidas de esta naturaleza tan claramente anti-sociales sólo pueden concebirse, diseñarse y llevarse a cabo desde la opacidad, desde el oscurantismo, desde las sombras.

Muestran precisamente por eso la cara vergonzante del neoliberalismo. Y sobre todo que el capitalismo de nuestros días es cada vez más incompatible no sólo con los derechos sociales sino con las normas democráticas más elementales.

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