Suelo municipal y vivienda

JOSÉ ANTONIO SALVADOR POLO/Urbanista DURANTE la crisis pasada del gobierno municipal de Marbella, el inefable, popular y atlético ex-alcalde de aquella ilustre ciudad, vino a admitir que si se suprimían los ingresos que el Ayuntamiento de la localidad obtenía a través de los convenios que se firmaban con los constructores y promotores de suelo, se crearía un grave problema municipal, ya que no se podrían pagar a los funcionarios, entre los que incluía, para dramatizar el argumento, a la Policía Municipal. Ante este escenario aderezado con melodrama cañí me preguntaba cómo es posible que el funcionamiento de los servicios y la administración estuviera condicionado a las eventualidades de la construcción. ¿Qué sucedería cuando se dejara de construir? ¿O es que se piensa que vamos a estar toda la vida sacando al mercado el 40% de las viviendas nuevas que se construyen en la Unión Europea? Es evidente que la Policía, el mantenimiento de los parques o limpieza de las calles no pueden depender de que se construyan más o menos viviendas. Para eso se concibieron las tasas y los impuestos municipales.
Los ayuntamientos han sufrido una fragilidad histórica presupuestaria, ahora agravada por la supresión del IAE (impuesto de actividades económicas). Eso les ha empujado a utilizar las cesiones obligatorias de suelo de los nuevos planes urbanísticos (la ley habla del 10% máximo del aprovechamiento de la promoción), como una fuente alternativa y socorrida de ingresos. Pero este patrimonio de suelo, en muchos casos se ha utilizado de forma perversa, ya que la ley, en especial la ley estatal del suelo, le asigna un importante fin social, cual es la regulación del mercado de la vivienda, aunque también se podrá construir en ellos edificios dotacionales. Y los ingresos que se deriven de su venta deben destinarse a «la conservación y ampliación del patrimonio de suelo». Dicho de otro modo, este suelo adquirido por los ayuntamientos mediante cesiones, podrá albergar viviendas, piscinas públicas, o centros cívicos, pero con el dinero de su venta no se puede construir ni viviendas, ni piscinas, ni centros cívicos. El fin de estos ingresos es «conservar y ampliar» el patrimonio del suelo, de modo que la intervención sobre el mercado sea continua. Y desde luego nunca deberá utilizarse para pagar a la Policía. Esa es la razón por la que estos fondos deben tratarse con una contabilidad diferenciada en los presupuestos municipales.

Al parecer esa es la interpretación que se ha dado en varias sentencias recaídas sobre varios ayuntamientos, y recientemente los presupuestos de nuestra ciudad también han sido parcialmente congelados por la justicia en aplicación de dichos criterios, aunque en nada la situación de nuestra ciudad tiene que ver con la marbellí. Pero independientemente de lo que digan las normas y los jueces, parece oportuno que los ayuntamientos utilicen esas facultades y recursos que les otorga la ley para intervenir en el mercado de la vivienda, dado los precios tan disparatados que han alcanzado en los últimos tiempos, convirtiéndose en un bien inalcanzable para un amplio sector social.

Edificios dotacionales

El Ayuntamiento puede objetar, con razones que muchos podemos compartir, que ese dinero también debiera poder utilizarse para construir los equipamientos que los barrios necesitan. Y así lo admite la ley del suelo autonómica, de rango menor que la estatal. Porque es cierto que en los barrios nuevos existen solares vacíos destinados para edificios dotacionales que tardan muchos años en llegar a construirse, y que cuando llegan, la población del barrio ha evolucionado tanto que ya no son necesarias las pistas polideportivas o colegios, sino las residencias de ancianos y los centros de salud. Y es que para los ciudadanos, aunque las viviendas son prioritarias, los edificios dotacionales son también importantes para su calidad de vida urbana. Por tanto no debemos renunciar ni a las viviendas accesibles ni las piscinas. Pero modifíquese la ley en el sentido deseado, y respetemos el estado de derecho.

Esta cadena de sentencias que ha habido sobre varios municipios referentes al fin social de estos fondos que se obtienen por cesiones puede dejar tocada la línea de flotación de los presupuestos municipales. Pero tienen la ventaja de que podrían ser el revulsivo para atajar de una vez por todas este problema endémico de los ayuntamientos. La vida en nuestro país ha dejado de ser mayoritariamente rural y la ciudad es la morada de la mayor parte de la población. Esta mutación tan radical justifica un cambio de estatus para los grandes municipios que debiera fundamentarse en dos reivindicaciones: la tan anhelada ley de financiación de las haciendas locales, que otorgue seguridad y autonomía económica a los municipios y el trasvase de competencias a los ayuntamientos que sean capaces de asumirlas y que aún permanecen irracionalmente en manos de los gobiernos centrales y autonómicos.

Si queremos una ciudad de calidad habrá que pagarla, y los impuestos y las tasas deben ser la vía más importante de conseguirlo. Pero no creo que la carrera por ver quien hace más recortes de impuestos, contribuya a resolver el problema, ni sea la vía más responsable, cuando lo que se debería hacer, en un ejercicio de pedagogía, es explicar porqué un impuesto le debemos pagar, y como corolario que los ciudadanos vean los resultados.

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