Defensa del Estado

Las tendencias que apuntaban a un mundo monocolor, en el que la iniciativa privada estaba llamada a acabar con la gestión pública comienzan a debilitarse, aunque el discurso neoliberal todavía goce de una salud envidiable. Ha sido precisamente el Banco Mundial (BM), institución alérgica a los utópicos de cualquier signo, el que ha dado la voz de alarma ante el progresivo deterioro de la ya de por sí escasa calidad de vida en algunos países latinoamericanos embarcados en el proceso de privatización. Para la institución que se encarga de administrar con el celo de un usurero buena parte de los dineros que tendrían que estimular el desarrollo en las zonas más afligidas del planeta, es un error concluir que los Gobiernos deberían traspasar todos los servicios públicos a manos del capital privado. “La participación del sector privado en las áreas de salud, educación e infraestructura no está libre de problemas, especialmente en cuanto a la cobertura de los pobres”, subraya el BM en un informe cuestionador, que se aparta de su habitual condescendencia hacia los grandes para advertir a renglón seguido que “no es conveniente sostener la posición extrema de que el sector privado debería encargarse de todo”.

Lamentablemente, estas “posiciones extremas” a las que se refiere el Banco abundan en los ambientes más heterogéneos, hasta el extremo de que ha calado en muchos hogares la idea de que al Estado le puede el despilfarro mientras que la eficacia es el distintivo de los negociantes. Sólo hace falta echar un vistazo a algunas privatizaciones emblemáticas, como la de los ferrocarriles británicos, para constatar que a la iniciativa privada la mueve fundamentalmente el lucro y que su interés por el bienestar social pasa siempre por el tamiz de la rentabilidad de sus inversiones. El deplorable estado en el que se encuentra la red ferroviaria inglesa, con varios choques y descarrilamientos mortales a sus espaldas, es un magnífico ejemplo de que la intervención empresarial en el sector privado no garantiza por sí misma un mejor servicio.El referente británico no es excepcional. Pero los amantes del mercado se empeñan en atribuir a éste cualidades animistas, de tal suerte que el mercado es capaz de regularse por sí solo y si, lo apuran, de generar cuanta riqueza necesitamos para nuestra vivencia. Por supuesto, ante tal fecundidad y capacidad de discernimiento, el Estado, cualquier Estado, sale sobrando porque su terquedad a la hora de subvencionar servicios como el de la educación o la salud únicamente contribuye a engordar el déficit público y a aguarle la fiesta a los macroeconomistas que tan estupendamente se lo montan con cuatro gráficos bien apañados.

Uno de los mayores escándalos que nuestras sociedades están consintiendo con la pasividad con la que en los últimos tiempos viene encarando todo lo que la concierne, es el que permite a unos cuantos privilegiados acceder a una mejor atención médica y a una mejor educación por el simple hecho de que pueden costeárselas. Por lo mismo, el BM acierta en la diana cuando asegura que si los Estados fomentan el aterrizaje indiscriminado de la iniciativa privada en la prestación de los servicios básicos, ésta no ofrecerá los niveles de educación y salud necesarios para beneficiar al colectivo en su conjunto. “Lo anterior no es sólo cierto en teoría, puesto que en la práctica ningún país ha logrado mejorar significativamente las tasas de mortalidad infantil y de educación primaria sin la intervención del Gobierno”, recuerda el Banco para alborozo de todos los que pensamos que el Estado debe ser una institución imprescindible a la hora de garantizar derechos que son inalienables, por mucho que les tiente a algunos el déficit cero. El BM habla en su informe, fundamentalmente, de los países del Tercer Mundo. Pero en Europa también se avanza inexorablemente hacia la enajenación del patrimonio público, con todo el fraude social que esta venta implica. Sólo cabe esperar que vayan progresando las advertencias sobre el peligro de una privatización a ultranza en colectivos tan asimétricos como los nuestros y que al Estado se le vuelva a considerar como el principal regulador de la riqueza social; y no como a una rémora.

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