Despoblación, la gran tragedia

JOSÉ IGNACIO FOCES Acaba de cumplirse un año desde que el presidente Herrera propuso un gran pacto para encontrar soluciones al principal problema de Castilla y León, la despoblación. El trabajo político en las Cortes avanza a un desesperante ritmo lento.

DE buenas intenciones están llenos los diarios de sesiones del Parlamento de Castilla y León. Y de incumplimientos. Ambos casi en la misma proporción. Van a cumplirse dos semanas del Debate sobre el Estado de la Comunidad, esa maratoniana y casi indigesta sesión -por el empacho que provocó (muchas intervenciones concentradísimas en el tiempo)- en el que el grupo popular de la Cámara entonó el "mea culpa" por la lentitud con la que han avanzado este año los trabajos políticos para alcanzar un gran pacto para luchar contra la despoblación de Castilla y León.

La actual legislatura parlamentaria comenzó con la buena noticia del planteamiento por parte del presidente Juan Vicente Herrera de ese pacto. Propuso que las Cortes fueran el marco donde trabajasen los grupos políticos para analizar la situación -diagnóstico- y estudiar soluciones -medidas de choque-. La iniciativa, aceptada por la Cámara, arrancó con la presencia de expertos en las sesiones de trabajo de una comisión especial cuyo nombre, y el paso de los meses se ha encargado de corroborarlo, ya anticipaba que las intenciones políticas no preveían coger el toro por los cuernos. Se ha criticado hasta la saciedad que no se puede llamar Comisión sobre la Evolución de la Población a un órgano parlamentario que tiene que estudiar los porqués y las alternativas a la pérdida de habitantes, en definitiva, a la despoblación. Los expertos en numerosas disciplinas, desde la medicina a la lengua y la literatura, resaltan la importancia de llamar a las cosas por su nombre. Los ciudadanos solemos agradecer que nos digan pan, al pan, y vino, al vino. Sin embargo, los políticos, como si estuvieran dotados de un don oculto para el común de los mortales, son auténticos prestidigitadores del lenguaje y prefieren -¿qué grave error!- manejar las palabras a su antojo, creyendo que además la sociedad percibe como una virtud tal manera de actuar. Castilla y León se despuebla, y eso es lo que hay que estudiar. Y si grave es que el partido en el Gobierno de Castilla y León -el PP- haya colado ese nombre en las denominaciones de las comisiones parlamentarias, más grave es que la oposición, la mayoritaria socialista y la minoritaria leonesista, hayan dejado que se les cuele.
Dándole muchas vueltas al porqué de esa manera de utilizar el lenguaje por los políticos en este asunto de la despoblación, algunos han llegado a encontrar un atenuante con el que se puede estar de acuerdo. Tal vez muchos de quienes tienen que decidir sobre la materia no han pisado el terreno y, por tanto, desconocen de primera mano la magnitud de lo que es una auténtica tragedia para el futuro de Castilla y León como comunidad autónoma. Tal vez si esos políticos supieran las dificultades de la vida en los pueblos, sobre todo de los más pequeños; si alcanzaran a ver la bajísima prestación de servicios públicos de primera magnitud, muchos de los cuales los tienen miles de ciudadanos a decenas de kilómetros de distancia y por carreteras en un estado de conservación infame; si conocieran de primera mano testimonios de personas con nombre y apellidos que día a día tienen que sortear serias dificultades administrativas para simplemente poder seguir viviendo en su pueblos; si conocieran todo esto, tal vez, además de llamar a las cosas por su nombre, habrían actuado este primer año con más diligencia.
Incluso ahora mismo tienen otro motivo para imprimir rapidez a su trabajo parlamentario, del que deberán surgir las propuestas que apliquen en los próximos años los gobiernos de Castilla y León: el informe del 2003 del Procurador del Común pone de manifiesto, y explica, cómo los ciudadanos del medio rural están en inferioridad de condiciones respecto a los del medio urbano en la prestación de servicios sanitarios. Ahí es nada.
Sin embargo, pese al goteo diario de este tipo de noticias, y de otras que ratifican que en la comunidad sigue muriendo más gente de la que nace, y que siguen marchándose jóvenes a buscar empleo para vivir en otras comunidades, la lentitud parece haberse asentado hasta tal extremo en sus señorías -en todas, las de cualquier signo político- que los trabajos siguen parados. Del Debate sobre el Estado de la Comunidad y del consiguiente "mea culpa" del portavoz popular, José Antonio de Santiago, sobre el lento transcurrir de los trabajos parlamentarios sobre despoblación -él los denomina de evolución de la población-, salió el compromiso de habilitar julio para que esa comisión siga trabajando. Julio ha consumido ya sus primeros ocho días y no ha habido ninguna reunión formal en las Cortes del órgano encargado de la materia. O sea, la buena intención sigue siendo solo eso, por lo que se ve. Y no es de extrañar que la cosa siga así mientras los populares no tengan ni una voz en los bancos de la oposición, ni una, que se dice pronto, que les recuerde que los compromisos están para ser cumplidos. Los socialistas con haber tenido dos congresos en una semana -federal y regional- como para ocuparse de comisiones de despoblación -perdón, oficialmente comisión de evolución de la población-. Así le pinta el pelo a la oposición, cuando no cumple, no ya el cometido de controlar al Gobierno de Herrera, sino de plantear su alternativa. Si el PP no convoca la comisión, ni una queja de los socialistas. ¿Alguien les ha escuchado protestar por ello? ¿Alguien conoce en estos ocho días que desde el partido de Ángel Villalba se haya exigido la convocatoria en julio de la comisión de despoblación? Claro, debe ser porque los socialistas, como los populares, estudian en las Cortes la evolución de la población, no la gran tragedia de la despoblación.

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