La progresión de la Agenda 21

Consumer Cerca de 1.500 municipios españoles, algunas comunidades autónomas y muchas diputaciones han firmado su adhesión a la Carta de Aalborg, documento que recoge un plan de acción global sin precedentes a favor del desarrollo sostenible denominado Agenda 21. Se apunta un objetivo: obtener el máximo beneficio, no sólo económico, sino también ambiental y social, mediante la paulatina transformación de ciertos modos de vida y consumo, producción y distribución del espacio, para no hipotecar el potencial desarrollo de otras áreas geográficas o de futuras generaciones.
Sin embargo, es un proyecto muy criticado. Para Néstor García, sociólogo del Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS) de la Universidad Complutense de Madrid, esta firma no implica nada. “El gobierno municipal se limita a manifestar su deseo de promover medidas encaminadas a hacer compatible el medioambiente con el desarrollo social y económico del propio municipio”, puntualiza.

En este sentido, Luis Arnanz, sociólogo también del CIMAS, explica que la Agenda 21 no obliga legalmente a los ayuntamientos a desarrollar las medidas tomadas. De hecho, cuando los intereses medioambientales chocan con los dependientes del desarrollo económico local, cita en concreto los planes urbanísticos, es más difícil que los consistorios actúen a favor de lo acordado. “De todas maneras existen ayuntamientos que como muestra de su compromiso con la Agenda 21 debaten y aprueban el plan de acción tomado en un pleno municipal”, añade.
García considera que si el proceso de implantación de una Agenda 21 local se lleva a cabo en toda su extensión, es difícil que el documento se quede en un cajón, puesto que previamente se habrá movilizado a los ciudadanos, y no cumplir con los compromisos adquiridos sería contraproducente.
El Director Ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde, incide en el problema de que las directrices expuestas en los planes de acción locales se lleven a la práctica. Según comenta, aunque hay excepciones, los ayuntamientos emplean la Agenda 21 como “un ejercicio de relaciones públicas” que no implica “cambios profundos en sus actuaciones”. En la mayoría de localidades no se aplica con una “intencionalidad transversal”, ya que sólo se derivan actuaciones en el ámbito del medio ambiente cuando tendrían que darse también en otras esferas relacionadas.

No obstante, el alcance de una Agenda Local 21 depende además del compromiso político, de la disponibilidad económica. Y para potenciar este compromiso municipal con la sostenibilidad, en la Conferencia de Hannover 2000 se apuntó la conveniencia de priorizar los Fondos de Cohesión y FEDER para los municipios que posean Agenda Local 21.

Meses antes de la Cumbre de Johannesburgo de 2002, Naciones Unidas evaluó el grado de implementación de la Agenda 21 y publicó algunas conclusiones, entre ellas:
* De las experiencias locales de Agenda 21, un 73% cuentan con la implicación de grupos de interés.
* La gestión de los recursos hídricos y la calidad del aire son, por este orden, los aspectos ambientales de interés prioritario en las Agendas 21.
* Los mayores obstáculos reconocidos por las autoridades locales en el desarrollo de sus Agendas 21 son la falta de apoyo económico y la poca voluntad política mostrada por los gobiernos de cada estado.
* En lo que respecta al continente europeo, los aspectos considerados de mayor importancia son, por orden, la gestión energética, el transporte, la planificación del territorio, el cambio climático (Europa es el único continente donde este factor aparece como prioritario) y la biodiversidad.

Además, la Agenda 21 se pone en práctica no sólo en pueblos y ciudades. Por ejemplo, la asociación Ecologistas en Acción de Ciudad Real desarrolla un proyecto de Agenda 21 en las Tablas de Daimiel, y los colegios de Cataluña se han comprometido conjuntamente a aplicar un desarrollo sostenible.

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