Europa: más luces que sombras
JOSÉ M. ROCA JOSÉ M. ROCA. Iniciativa Socialista, otoño 2004 (http://www.inisoc.org)
Los representantes políticos de los países integrantes de la Unión Europea acaban de firmar en Roma el acta de aceptación de un texto constitucional único, que debe ser ratificado, en los dos próximos años, por cada uno de los países miembros.
El texto, que más parece un nuevo tratado que una constitución, responde a las necesidades de transformar el acuerdo comercial entre seis países -el *Mercado Común-, firmado en Roma, en 1957, en un instrumento político que sirva de nexo y guía a los 25 miembros de la actual Unión, con la posible incorporación de otros, entre ellos la compleja Turquía.
El Tratado, demasiado mercantil y demasiado poco social, desequilibrio que esperemos pueda corregirse pronto, aumenta el poder del parlamento europeo, establece una Carta de Derechos de los ciudadanos europeos y mejora la representación de éstos con el sistema de la doble mayoría (55% estados, 65% población). Otro aspecto interesante es que las nuevas instituciones permitirán a la Unión Europea jugar un papel más destacado en la esfera internacional.
Pero el Tratado también es importante, o si cabe más importante, por lo que representa en el escenario en que surge, porque supone el verdadero fin de la guerra fría y, por lo tanto, de las consecuencias de la II guerra mundial sobre suelo europeo.
Era difícil imaginar en 1957, y mucho después, que un continente escindido en dos sistemas políticos y económicos antagónicos, en dos tipos de sociedades impregnadas de desconfianza, en dos civilizaciones enemistadas, se pudiera llegar a integrar sin violencia en un proyecto común, que hoy comprende a la mayoría de países europeos, aunque la gigantesca Rusia permanezca fuera.
Si se mira en derredor y se observa el proceso de desintegración, las más de las veces violenta, que sacude amplias regiones del globo, no queda más remedio que considerar que la historia de la Unión Europea es la historia de una paciente y pacífica construcción económica y política, aunque no exenta de tensiones y retrocesos, naturalmente, pero con el decidido propósito de superar viejas desconfianzas, agravadas por dos colosales guerras en poco más que un cuarto de siglo y una relación milenaria plagada de sangrientos conflictos.
La lenta y negociada unificación de sistemas comerciales, productivos y ahora políticos, puede entenderse como la construcción de lo que Joseph Nye llama un poder blando frente al modo estadounidense, que representa el poder duro, el poder de la fuerza y la imposición más que el poder de la negociación y la persuasión. En este aspecto, la Unión Europea, un gigante económico pero un enano político, puede llegar a actuar como un necesario contrapeso del poder (duro) norteamericano y contribuir a contemplar el mundo desde un punto de vista que favorezca la multilateralidad y la participación de diversos actores en la gobernación del planeta.
Desde la izquierda, la gran objeción que puede hacerse al texto recién firmado es que está contagiado por la epidemia que afecta a casi todos los gobiernos de nuestros días -el neoliberalismo económico-, cuyos efectos son nefastos para las capas más débiles de la población; por ello, la llamada Europa de los mercaderes no suele ser un modelo admisible para quienes piensan en una Europa eminentemente social, deseable, por otro lado. Pero la actual Unión Europea tiene ese origen -un mercado común- del que, por ahora, parece difícil desprenderse definitivamente. Al mismo tiempo aparece como un referente de lo que es posible hacer en un mundo donde lo que impera no es precisamente la negociación, ni siquiera en el terreno comercial.
Si echamos la vista hacia atrás con ánimo crítico, nos daremos cuenta de que el modelo fenicio de relación comercial ha sido más humanitario que el modelo imperial impuesto por Roma o el imperio español, o que el confesional -la yihad musulmana, la evangelización de América o las guerras de religión-.
Pero, naturalmente, no se trata de aceptar mansamente la lógica mercantil que impregna la Europa de los 25, sino de caminar, a partir de ella, hacia una Europa cada día más social y más democrática, porque está sobradamente comprobado que donde predomina el poder del capital la democracia se encoge.
En todo caso, hasta que se celebre el prometido referéndum, tenemos tiempo para ir pensando qué hacer con el Tratado.
2.-
Por un NO de los trabajadores-as a la Constitución del capital
Attac Madrid
Las personas y entidades firmantes de este manifiesto, trabajadores y trabajadoras, diremos NO a la mal llamada constitución europea que se somete a referéndum el próximo día 20 de Febrero.
Desde que el Estado español adhirió a la Comunidad Europea en 1986, los sucesivos Gobierno han querido que los trabajadores asociemos Europa a progreso y bien estar. Pero el hecho cierto es que desde entonces hemos vivido reconversiones permanentes, como muestra ahora los astilleros (IZAR); Arruinaron pueblos enteros y donde había fabricas que producían levantaron miles de viviendas para especular con ellas. Se generalizaron procesos de privatización en los servicios públicos esenciales como la sanidad, transporte, correos, telecomunicaciones. El trabajo fijo y con derechos ha ido siendo sustituido por la precariedad mas completa y con ella la carencia de derechos. Trabajamos cada vez más horas y vivimos hipotecados. En nombre de Europa y el progreso, son los bancos y las multinacionales los que se han llenado los bolsillos.
Ahora envuelven el texto de su constitución en frases grandilocuentes, y en medio de burlas mediáticas como las que preparan desde el gran hermano, orquestan así un nuevo fraude en el que se nos va a pedir que votemos pero asegurándose que la inmensa mayoría de los trabajadores/as no conozcan que se vota. Se hace necesario recordar como también en medio de promesas de progreso y frases grandilocuentes nos colaron el Euro, y con él un verdadero asalto a nuestro poder adquisitivo.
Decimos no porque es una Constitución al servicio de las multinacionales. El principio de la economía de mercado altamente competitiva (Art. 3.3) que la constitución consagra significa que las multinacionales pueden hacer y deshacer a su antojo, moviendo sus capitales de acá para allá, deslocalizando empresas, cerrándolas después de haberse beneficiado de la exención de impuestos y las ayudas estatales públicas.
Decimos no porque esta constitución no garantiza el derecho al trabajo. El derecho al trabajo que de manera formal consagran las constitucionales nacionales es sustituido por la la libertad y el derecho a trabajar.
Decimos no porque esta constitución significa más flexibilidad laboral. Mientras los trabajadores/as necesitamos trabajo digno y estabilidad laboral, el texto constitucional anuncia más flexibilidad, apostando por una mano de obra formada y adaptable a unos mercados laborales capaces de reaccionar rápidamente (Art. III 203).
Decimos no a una constitución que no armoniza los derechos sociales. Dicen que la constitución es un paso hacia la Europa social. La realidad es la opuesta. No hay ninguna armonización que garantice un mínimo común de derechos laborales y protección social. Por el contrario todo queda en manos de los Gobiernos y cualquiera de ellos puede vetar el más mínimo paso en ese sentido. Para los capitalistas se trata precisamente de aprovecharse de las desigualdades actuales para enfrentarnos unos trabajadores con otros y en nombre de la competitividad imponer un retroceso generalizado de los ya escasos derechos laborales.
Decimos no a una constitución que se olvida de los jóvenes, las trabajadoras y trabajadores en precario. Los defensores de esta constitución la asocian a progreso, pero para millones de trabajadores jóvenes y/o de mujeres, el proyecto constitucional no abriga ni la menos esperanza de alcanzar un trabajo estable o un salario digno. Cuando se vienen recortando los escasos derechos que quedan ¿qué pueden esperar los que ni siquiera han gozado de esos derechos?
Decimos no porque con esta constitución pagaremos mas los que menos tenemos. En nombre de la reducción del déficit público se recortan prestaciones sociales, pensiones, vivienda protegida, escuela, sanidad o transporte público, mientras el Banco Central queda libre de todo control y los Gobiernos europeos compiten por ver quien rebaja mas los impuestos a los empresarios con la excusa de atraer las inversiones.
Decimos No a la constitución que no garantiza los servicios públicos. Si bien recoge en la Carta de derechos que "Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente". "Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales . Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud", etc. Estos derechos sólo pueden ser garantizados con el establecimiento de servicios públicos. Y hay que tener en cuenta que estos y otros servicios públicos están sometidos desde hace años a las políticas que emanan del Pacto de Estabilidad, caracterizadas por los recortes del gasto público, al Acuerdo General del Comercio de Servicios (AGCS) y, si se llega a aprobar, a la directiva Bolkestein, que obligará a su desmantelamiento como servicios públicos.
El Tratado Constitucional al mantener un mercado interno altamente competitivo y no reconocer los servicios públicos realmente, ya que los considera servicios económicos de interés general, está impulsando su privatización.
Decimos no a la constitución que levanta un muro de la vergüenza contra los trabajadores/as inmigrantes. Mientras las multinacionales y los Bancos se reservan el derecho a expoliar el planeta, a los trabajadores inmigrantes se les cierran las fronteras con las Leyes de extranjería y se les niegan los derechos más básicos. Ni siquiera tendrán derechos iguales al resto de los trabajadores sino equivalentes
Decimos no a la constitución de la OTAN y la guerra. Mediante eslóganes tan generales como cínicos quieren hacer creer que esta constitución es un contrapeso de Europa frente a los EEUU, pero la constitución deja bien claro que la política exterior y de defensa se ajustará a los compromisos y decisiones de la OTAN que seguirá siendo el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de esta. Y que sepamos quien manda en la OTAN es Bush y los EEUU.
Decimos no a una constitución antidemocrática. Fue elaborada a espaldas de los trabajadores y la población y una vez aprobada el mecanismo constitucional exige la unanimidad para las correcciones del texto lo que hace prácticamente imposible que sea modificado. El mismo referéndum no deja de ser un fraude en el que el Gobierno y los partidarios del SI se han asegurado el monopolio de los medios de comunicación.
¿Qué podemos esperar, las trabajadoras y trabajadores de una constitución que no reconoce el derecho de Huelga a nivel europeo y lo limita por tanto dejándolo al amparo de las restrictivas normativas de cada país?
Llamamos por tanto a todos los trabajadores y trabajadoras a rechazar esta constitución manifestando un rotundo NO el próximo día 20 de Febrero. Les llamamos a difundir en los centros de trabajo esta hoja así como a participar de todas las actividades convocadas por la Plataforma por el NO a la Constitución Europea. Y llamamos a los trabajadores/as afiliados a exigir de los representantes de sus Sindicatos que se organicen asambleas en los centros de trabajo y en los locales sindicales para que se informe y debata sobre los contenidos y el alcance del referéndum del 20 de Febrero, modificando la actual posición de los que van a defender el si en el referéndum por un NO a dicho tratado constitucional por lo que de perjudicial tiene este para los trabajadores/as
Por la Europa de los trabajadores/as y los pueblos
29/11/2004
Plataforma de trabajadoras y trabajadores por el no
3.-
(http://www.inisoc.org)
Sí a la Constitución europea
CARLOS CARNERO. Eurodiputado socialista, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo y de la Convención Europea. Publicado en Iniciativa Socialista número 73, otoño 2004
El pasado 18 de junio los jefes de Estado y de Gobierno de los 25 países miembros de la Unión Europea y aprobaron la primera, que no la nueva, Constitución Europea.
La Constitución representa un extraordinario paso adelante en el proceso de construcción europea. Una vez en vigor, situará a la Unión en condiciones afrontar los principales retos de futuro, como el gobierno de la globalización, la construcción de un nuevo orden internacional justo y democrático y dar una respuesta adecuada a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía europea.
Recupera el impulso que representó hace más de una década el Tratado de Maastricht -con la introducción del euro y del concepto de ciudadanía europea-, supera las enormes insuficiencias del Tratado de Niza -que condenaba al proceso de construcción europea a la parálisis a corto plazo-, hace realidad el binomio profundización-ampliación, sin el que la Unión se hubiera visto empujada a convertirse en una mera zona de libre cambio, y avanza decididamente hacia la culminación de la unión política, reforzando el contenido de la ciudadanía europea.
La Constitución Europea es una auténtica constitución ciudadana; con ella, la Unión será más democrática y más eficaz. Precisamente por eso, representa una victoria política del europeísmo, de la visión de Europa como una construcción política que debe actuar como un poder global relevante y que está basada en un modelo social propio y avanzado.
Entre los múltiples aspectos positivos de la Constitución, podemos destacar los siguientes:
- su mismo carácter constitucional,
- confirma la orientación federal de la Unión y su doble legitimidad, procedente de los ciudadanos y los Estados,
- los valores y los objetivos esenciales de la Unión se sitúan en un nivel progresista, superior al presente en muchas constituciones de los estados miembros; incluyendo la paz, la libertad, la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la igualdad entre la mujer y el hombre, la justicia, la solidaridad, la economía social de mercado, el pleno empleo, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la no-discriminación y la erradicación de la pobreza,
- se otorga a la Unión personalidad jurídica propia, poniendo fin a la estructura de pilares y simplificando los instrumentos legislativos y su denominación: a partir de ahora tendremos leyes europeas y leyes marco europeas,
- la Carta de Derechos Fundamentales se integra en la Constitución, adquiriendo carácter jurídicamente vinculante,
- las competencias de la Unión se organizan a través de un sistema flexible y progresivo, sin un catálogo rígido, incrementándose sustancialmente en los terrenos de la acción exterior, la defensa, el espacio de libertad, seguridad y justicia y mejorándose en lo relacionado con la Europa social,
- se reafirma la centralidad del principio, el objetivo y la política de cohesión económica, social y territorial, manteniéndose el estatuto de las regiones ultraperiféricas,
- se democratiza la elaboración y la adopción de las leyes de la Unión Europea al establecerse como norma general el procedimiento legislativo, hoy llamado codecisión, por el que deciden conjuntamente el Parlamento Europeo y el Consejo,
- se extiende a un mayor número de asuntos la toma de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo (definida a través del doble criterio de población y número de estados, en consonancia con la doble legitimidad de la Unión), reduciendo con ello la presencia de la paralizante unanimidad,
- se amplían los terrenos en los que estará contemplada como posibilidad la puesta en marcha de integraciones o cooperaciones reforzadas,
- se clarifica la división y el equilibrio de poderes en el seno de la Unión, a través de un legislativo bicameral formado por el Consejo y el Parlamento Europeo, consolidándose la Comisión Europea como gobierno de la Unión, aumentándose la legitimidad democrática en la elección de su Presidente y creándose figuras que contribuirán a la eficacia, continuidad y visibilidad de las decisiones comunitarias, como el Presidente del Consejo Europeo y el Ministro de Asuntos Exteriores.
- se incluye el concepto de democracia participativa, se estructura el diálogo social y con la sociedad civil y se introduce la iniciativa legislativa popular europea,
- se incrementa el papel de las regiones,
- se aumenta la participación de los parlamentos nacionales en el proceso de toma de decisiones de la Unión, sin debilitar con ello el método comunitario, lo que significa un mayor control democrático y ciudadano,
- se institucionaliza de la Convención como instrumento en el proceso de reforma constitucional.
Como toda Constitución, la europea establece un espacio político, un ámbito de derechos, un marco jurídico y una arquitectura institucional en los que la voluntad ciudadana, expresada en las urnas, marcará en cada momento las mayorías que, en este caso, desde el Parlamento Europeo, el Consejo (formado por los gobiernos de los estados miembros) y la Comisión vayan marcando su propia aplicación y desarrollo. La Constitución tendrá que ser aplicada y desarrollada ambiciosamente, e incluso reformada, para perfeccionarla y profundizarla en asuntos especialmente relevantes, como:
- el gobierno económico, la política social y del empleo,
- la utilización de la mayoría cualificada para la toma de decisiones, sin excepción, en todos los ámbitos de la Política Exterior y de Seguridad Común, la política social, la armonización fiscal y la no discriminación,
- la extensión de la ciudadanía europea a los nacionales procedentes de terceros países con residencia estable y duradera en un país miembro,
- el establecimiento de recursos propios y la adopción de las Perspectivas Financieras a través del procedimiento legislativo,
-la modificación de los procedimientos de ratificación y reforma de la Constitución, aumentando el papel del PE en los mismos y evitando la unanimidad de los estados miembros.
Pero la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Europea es condición necesaria para su propia mejora. Su rechazo no abriría un nuevo proceso constituyente del que pudiera salir una ley perfecta, sino que cerraría la perspectiva constitucional y dejaría en pleno funcionamiento el justamente criticado el Tratado de Niza. Su no ratificación perjudicaría directamente a la ciudadanía de la Unión porque llevaría el proceso de construcción europea a la parálisis, estableciendo la primacía del mercado sobres los valores y objetivos del modelo social europeo, impidiendo la actuación comunitaria autónoma en la escena internacional y manteniendo el déficit democrático. Sería un verdadero desastre para los europeístas y la mayor victoria imaginable para los euroescépticos y los antieuropeos.
España sale muy bien parada en sus intereses específicos con la Constitución aprobada en la Conferencia Intergubernamental. En primer lugar, porque ha recuperado su papel de motor europeísta en la Unión al haber sido su Gobierno socialista uno de los principales impulsotes del acuerdo sobre la Carta Magna comunitaria, lo que certifica la recuperación del papel central de España en la Unión y refuerza su capacidad negociadora en discusiones fundamentales futuras, tales como la relativa a las Perspectivas Financieras. En segundo lugar, porque asuntos tan trascendentales como el principio, la política y los objetivos de la cohesión económica, social y territorial, el estatuto de las regiones ultraperiféricas y el incremento de las competencias en el espacio de libertad, seguridad y justicia -temas todos ellos, entre otros, que nos interesan muy directamente- quedan perfectamente recogidos en el texto constitucional.
Y en tercer lugar, porque la presencia institucional de nuestro país se asegura muy aceptablemente a través de la definición de la mayoría cualificada y las referencias a la Comisión y al Parlamento Europeo contenidas en la Constitución. La importancia de la Constitución Europea demanda que las ciudadanas y los ciudadanos se pronuncien sobre ella en referéndum. Queremos que la ciudadanía se informe, debata y vote masivamente sí a la Constitución de la Unión, convirtiendo históricamente a España en el primer país que respalde la primera Constitución de la Unión. Hay que aprovechar la oportunidad del referéndum para, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales de la Constitución, acercar Europa a las ciudadanas y los ciudadanos.









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