De la vivienda a la solución habitacional

Miguel Ángel Llana Rebelión

El problema de la vivienda se ha resuelto suprimiéndola; matando el perro se acabaron las pulgas. Pero ahora también será necesario cambiar el Art.47 de la Constitución que dice que todos tenemos “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada .... regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” La vivienda no sólo es una cuestión de calidad de vida, si no que afecta a todo el modelo económico que implica al propio desarrollo y al crecimiento económico. La cuestión no es si son o no suficientes 25 metros y si además son dignos, plantearlo de este modo, es echar balones fuera. Cuando un gobierno lo ofrece como solución “habitacional”es por algo más.

El modelo de crecimiento obligado de lo económico, por encima de todo y, a costa de lo que sea, ha configurado al conjunto de la sociedad dejándonos grandes secuelas y que no pueden tomarse a broma. España es el país de la Unión Europea que más ha destruido su patrimonio inmobiliario, más que Alemania, que medio destruida en la II Guerra Mundial, conserva más inmuebles anteriores a 1940 que España. Estamos a la cabeza de pisos vacíos y de segunda vivienda y a la cola de pisos disponibles para la compra o alquiler a precio razonable. Hemos construido y continuamos construyendo -y destruyendo- más pisos que cualquier otro país de la Unión Europea, siendo nuestro crecimiento demográfico el más bajo.

La actividad inmobiliaria no ha sido orientada a la creación de viviendas -a espacios habitables- sino a inversiones especulativas. Las viviendas, en buena parte no son para vivir, si no como inversión y como depósito de valor sabiendo que su precio subirá cada año del 10 al 15% por encima de la inflación. Estas viviendas han sido el refugio de la acumulación de capital, dinero legal o negro, y causa o consecuencia de la recalificaciones, prototipo de corrupción y escándalo nacional. Cada año se recalifican como suelo urbano y solares 23.000 hectáreas cuyo negocio-pelotazo anda entre el 20 al 25% del PIB o entre el 30 al 40% de la masa salarial y así desde hace ya unos cuantos años, aunque sólo se edifica una sexta parte de lo recalificado.

Toda esta actividad descabellada ha sido a expensas de la degradación del equilibrio de lo edificable con el entorno y lejos de cualquier desarrollo sostenible. El crecimiento del consumo energético es superior al económico y la solución urbanística dada nada tiene que ver con lo sostenible. Las ciudades no están concebidas para tener buenas comunicaciones, baratas y buen aprovechamiento energético solar de luz y calor. Simplemente se han hormigonado y asfaltado prados sin criterios ni conceptos de habitabilidad, calidad de vida y ahorro energético.

No hay casualidades, cuando se construye sobre demoliciones, sobre expropiaciones casi manu militari y que en ambos casos se recalifican para aumentar su edificabilidad, cuando la construcción no se realiza para hacer “pisos” para habitar, sino pisos como inversión, la vivienda deja de ser vivienda para convertirse en un bien que entra en el mercado especulativo y que su precio va depender de cualquier cosa menos de la necesidad o no de viviendas.

La política -inexistente en lo social y fiscal- de la vivienda, de este y de anteriores gobiernos, ha propiciado y se ha basado en la recalificación, base de la espiral especulativa y de la que se han aprovechado los propios ayuntamientos colaborando al desaguisado. Ahora, ya no sólo se trata de resolver el problema social de la vivienda, sino el mucho más difícil de la construcción con su enorme porcentaje sobre el PIB y soportar esos tres millones de pisos vacíos, cimentado todo sobre la recalificación y la especulación.

Así las cosas ¿a quién puede extrañar que la Administración Central, Autonómica y Municipal quieran que pasemos del “espacio vivienda” al de “concepto habitacional”, donde en tal espacio solo caben conceptos, no personas?

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