"Corruptio-corruptionis"
SUSANA ORDÓÑEZ SÁNCHEZ/Jurídico urbanista La corrupción también se produce en Castilla y León, pero nadie la denuncia. ¿Por qué?, se pregunta la autora. Hay quien piensa que en el fondo todos somos corruptos, y, sin duda, "existe el miedo a la represalia del poder, que no miedo a la represalia de la ley", afirma.
PARECE que aquí, en Castilla y León, nadie presta atención a las practicas irregulares en la tramitación de expedientes administrativos; al cobro de comisiones; a la arbitrariedad en el uso de la facultad de decisión; al clientelismo; al enchufismo; al trafico de influencias, con la correspondiente retribución. A las innumerables maneras de emplear presiones ilícitas y ocultas para obtener unos resultados que los procedimientos regulares -legales- no garantizan.
En los asuntos de urbanismo y ordenación del territorio, adjudicación de obras y contratos, y con especial incidencia en la financiación irregular y opaca de los partidos, la corrupción es algo que también merodea por los círculos políticos, funcionariales y empresariales de nuestra comunidad autónoma. No somos diferentes a otros. No hablar de los problemas no significa que no existan, como todos sabemos muy bien. La "estrategia Rumsfeld" -quitar a los militares los teléfonos móviles con cámara de fotos- hace desaparecer la documentabilidad de la tortura a los prisioneros de guerra, pero es evidente que no hace desaparecer la tortura. Es cierto que algunos autores de la Escuela Funcionalista (economistas fundamentalmente) explican la corrupción, no la estiman perversa y ven en ella un factor "útil", que genera provecho y comodidad. Piensan estos autores que sin corrupción política los países del Tercer Mundo dejarían de funcionar. Aquí, en el Primer Mundo, a pesar de tener sobre el papel una organización social, económica y política inspirada en los principios de la Democracia Moderna, los vicios "cívicos" no han sido erradicados. Incluso son bien vistos. ¿Los "aguinaldos" navideños a los concejales de urbanismo son "solo" convenciones sociales? La corrupción no solo es permitida, sino que pareciera necesaria para la supervivencia de muchos. Pero ¿Qué es la corrupción?
Cuando un propietario ante un ex alto- cargo y un alcalde, que le piden 25 millones de pesetas "para el partido" a cambio de que sus terrenos no sean expropiados con el próximo Plan General, piensa: "Esto es un caso de corrupción", no aplica necesariamente los tipos penales descritos en un Código Penal, que seguramente desconoce. En la calificación es determinante el conjunto de valores que configuran la organización social. La corrupción es una forma de violar las reglas establecidas. Y la corrupción política es, creo que ante todo, un asunto de ética social. La financiación ilegal de los partidos políticos es un buen exponente de este fenómeno de corrupción, y ha puesto de manifiesto cómo el partido -sobre todo si gobierna, y tanto más cuanto más poder acumula- tiende a dejar de ser "instrumento fundamental para la participación política", según establece el artículo 6 de la Constitución Española, para pasar a desempeñar, en mayor o menor medida una suerte de poder fáctico virtualmente incontrolable, "simple portador de intereses corporativos" (P. Andrés Ibáñez). Intereses que cuando no se imponen decididamente, condicionan de modo notable el ejercicio de la función publica. Sobre todo si como en materia de suelo esos intereses revisten importancia económica, pues es en la gestión de los recursos de este carácter donde el partido obtiene una cuota sustantiva de los recursos propios. La corrupción existe, aquí también, pero nadie la denuncia ¿Por qué? Hay quien cree que en el fondo porque todos somos corruptos o tan solo esperamos la oportunidad de serlo. Sin embargo en el mundo de los hechos, cotidiano y diario, sabemos que en muchas ocasiones es por miedo, por miedo a la represalia del poder, que no por miedo a la represalia de la ley. Ese miedo que el poder alimenta constantemente a veces con sutileza y otras muchas con total obscenidad. Y que se ha convertido en un instrumento que organiza nuestra sociedad como en los más rancios sistemas autoritarios, donde los tenazmente encariñados con las libertades democráticas son convertidos en "traidores"..
Grabados solemnemente en nuestra Constitución están los valores de la democracia -las reglas del juego- en palabras claras para todos, pero hipócritamente adoptados o abandonados, y vaciados y pisoteados a conveniencia en la practica concreta de gobierno. Lo que hacen nuestras administraciones, en contraste con lo que dicen, pone de manifiesto una clara tendencia a liberarse del Derecho. Este parece representar un obstáculo para el desarrollo de ciertos hábitos de gobierno que evidencian la necesidad de cada vez mayores espacios de ilegalidad larvada o incluso manifiesta. La eficacia corruptora de estos modos de operar tiene un efecto multiplicador y alimenta practicas del poder antidemocráticas. Las conductas aludidas pervierten pautas institucionales, detraen recursos públicos, encarecen bienes esenciales de uso o consumo privado, propician la actividad depredadora de quienes en primera línea hacen el trabajo sucio y patrimonializan parcelas de poder. En nuestra comunidad, la derecha gobernante es democrática, muy a menudo y regularmente, solo de mala gana. Instrumentalmente, no por convicción. En tanto la democracia "liberal" funciona como vehículo incluso mas seguro del privilegio, de su mantenimiento sustancial. En cambio, en cuanto la democracia real es tomada en serio, se expande y deviene en exigencia cotidiana, y pone en peligro los privilegios, los equilibrios y los poderes del "establishment", el latente populismo antidemocrático cristaliza rápidamente. Y los intereses amenazados han acabado amenazando los propios fundamentos de la democracia liberal: desde el laicismo del Estado a la igualdad de oportunidades electorales, desde la libertad de expresión a la libertad de concurrencia, desde la autonomía de los magistrados hasta el periodismo libre y critico.










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