Entre el olvido y la ineficacia

JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO La desidia, dice el autor, ha hecho que se acumulen expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural de parte de nuestro patrimonio y que algunos hayan prescrito, con grave perjuicio para su conservación y su explotación turística.
JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO/Catedrático de Geografía e Historia y responsable de Patrimonio de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla y LeónNO sé como es la aurora en los vastos jardines de la Consejería de Cultura, pero a buen seguro que allí, como en los versos de Luis Cernuda, también habita el olvido. Un olvido que, en muchos casos, se remonta a decenas de años, a centenares de expedientes apilados que la Consejera Clemente y su equipo son incapaces de resolver. El asunto tiene su trascendencia, pues se refieren a uno de los grandes activos con los que cuenta esta comunidad.

En efecto, una de las señas de identidad de Castilla y León es su patrimonio histórico y cultural. Este legado puede convertirse, bien empleado, en un extraordinario referente o reclamo para el turismo de interior y, por tanto, en uno de los principales activos económicos. Pero la realidad nos dice que no es el caso: dicho patrimonio está siendo infrautilizado e infravalorado por los responsables políticos de la Junta de Castilla y León.

Sabido es que una marca de calidad del patrimonio es la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), referida a aquellos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, según recoge la legislación al respecto (Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León).

Pues bien, el olvido o la desidia han hecho, no solo que haya más de 160 expedientes pendientes de resolución en los archivos de la Consejería de Cultura, sino que, además, algunos hayan prescrito, con lo cual, en estos momentos, no solo no son BIC, sino que han dejado de tener la protección que les confiere la ley. Recientemente hemos sabido que la Junta ha dejado caducar en el último año varios expedientes que afectan a bienes inmuebles de las provincias de León, Burgos, Soria y Segovia. El artículo 12.3 de la Ley de Patrimonio de Castilla y León es tajante en la caducidad de los mismos: «El procedimiento habrá de resolverse en el plazo máximo de veinticuatro meses a partir de la fecha de su incoación. Si se produjera la caducidad del expediente, el procedimiento no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes...». El 25 de abril caducó el expediente de las icnitas o huellas de dinosaurio de Burgos y Soria. Ante la denuncia del PSOE, la Junta, tres días después, los declaraba de urgencia. Otros expedientes que han prescrito entre agosto del 2004 y marzo del 2005, son el conjunto histórico de hórreos y pallozas de Campo del Agua, El Regueiral-Las Viñas, en Campo del Agua-Villafranca del Bierzo (León), la iglesia parroquial de San Pedro, en Castrillo de Solarana-Lerma (Burgos) y la zona arqueológica del cerro del Castillo en Bernardos (Segovia).

Por si esto fuera poco, Castilla y León ha dejado de ser, conforme a los datos oficiales, la comunidad con más patrimonio, siendo superada por la mayoría de las comunidades autónomas españolas en cuanto a número de BIC, tanto declarados como incoados. La media de BIC por provincia es de 185 en nuestra comunidad. En este índice estamos por detrás de Baleares, Cataluña, Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra y Aragón. Ocupamos también el furgón de cola en el índice de BIC por extensión territorial (uno por cada 56,54 km2), siendo superados por trece de las 17 comunidades autónomas. Si aplicamos la media de BIC por municipio, Castilla y León está en el penúltimo lugar.

El caso es igualmente escandaloso en cuanto a bienes muebles: solo cinco BIC, y eso a pesar del conjunto de retablos, imaginería, pintura, orfebrería y tapices que atesora la región. Esto sin contar con el estado de ruina y abandono que presentan muchos edificios, algunos de ellos BIC; de seguir así las cosas, llegará un día en que, como decía el poeta latino Lucano: "etiam ruina periere", cuando todo quede reducido a la «memoria de una piedra, salpicada entre ortigas». La pregunta es ¿por qué se ha llegado a esto? ¿Por qué, mientras otras comunidades han estado trabajando en reconocer y promover el patrimonio cultural, la Junta, y en especial la Consejería de Cultura, ha dejado en el olvido sus obligaciones? La respuesta no es poética, ni tiene nada que ver con las auroras de los vastos jardines de Cernuda, sino, me temo, sí con los responsables que en materia de patrimonio se han ido sucediendo en la Consejería, y, especialmente, en los últimos años con la ineficacia de la consejera Silvia Clemente.

Como diría Gaya Nuño, el problema no es de huevo, sino de fuero. No es solo de olvido, sino de incapacidad manifiesta. La actual responsable se muestra "inclemente" con el patrimonio. La situación no se resuelve ni con discursos ni con alardes, sino con trabajo y tenacidad. Por eso, más le valdría a la consejera saber trabajar en el despacho, en lugar de ir de feria en feria, cuando el estado de olvido y abandono en el que tiene la Junta al patrimonio histórico y cultural es más que evidente. Los datos oficiales cantan la ineficacia de la consejera y, por extensión, sacan los colores al gobierno de Juan Vicente Herrera. El problema, por tanto, no es de una determinada política, sino, precisamente, de la falta de política. De seguir en este nimbo de la desorientación, la consejera Clemente acabará por conseguir tener menos puntuación que Arias Cañete en el gobierno de José María Aznar.

Una de las pruebas palpables de la falta de respuesta en materia de patrimonio, durante estos 18 años de gobierno del PP en la Junta, es el recién elaborado Plan de Intervención en el Patrimonio Cultural de Castilla y León 2004-2012. De entrada, se ha perdido ya un año, pues se ha presentado en 2005. El Plan es el reconocimiento explícito de un fracaso, esto es, que desde la consejería no se han hecho los deberes durante los años precedentes. Y eso sin hablar de la falta de planes directores en determinados inmuebles o conjuntos históricos, así como del retraso de los escasamente puestos en marcha.

Pero, con plan o sin plan, lo malo es que no se atisban en el horizonte medidas correctoras para la promoción del patrimonio cultural castellano y leonés. Esta promoción debe comenzar por el reconocimiento oficial de los bienes de interés cultural y de una política realmente activa de puesta en valor de los mismos. No se debe dejar solo en manos del esfuerzo económico de las Cajas de Ahorro, a través de la Fundación del Patrimonio Histórico. La Junta de Castilla y León, en general, y la Consejería de Cultura en particular, deben poner en marcha políticas activas directas, apostando seria y rigurosamente por el patrimonio cultural como factor de desarrollo económico de esta comunidad.

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