Las comparaciones ¿son siempre odiosas?

Cuba manifestó, a nivel internacional, un supuesto apoyo a los derechos humanos y a la democracia representativa durante el año pasado, mientras ampliaba sus relaciones económicas con Europa, Canadá, Asia y Latinoamérica. Pero el gobierno reveló su intransigencia al recurrir a la opresión política para aplastar a la oposición interna con medidas represivas contra disidentes, la negativa de amnistías a presos políticos, el continuo embargo al estudio de los derechos humanos, la promulgación de nuevas leyes limitando el ejercicio de los derechos humanos y la negativa a desmantelar las estructuras legales opresivas.

Una de las declaraciones en favor de los derechos humanos más contundentes formuladas por Cuba se produjo con motivo de la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Chile en noviembre de 1996, cuando el Presidente Fidel Castro Ruz firmó la Declaración de Viña del Mar, en la que se confirmaba el apoyo a la democracia y el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, el 9 de enero de 1997, Cuba exhibió su menosprecio por el acuerdo al detener, por desacato a la autoridad del Presidente Castro, a Héctor Palacios Ruiz, Presidente del Partido Solidaridad Democrática (PSD), y requisar sus copias de la Declaración de Viña del Mar. Palacios Ruiz, que fue sentenciado por el gobierno cubano a 18 meses de cárcel el 4 de septiembre, había puesto en entredicho, durante una entrevista con un periodista alemán, la voluntad del gobierno de cumplir con el contenido de mencionada Declaración.

El juicio de Palacios Ruiz y el hecho de que Cuba no amnistiara a los presos políticos pusieron de manifiesto la función esencial que sirve el sistema penitenciario dentro de las tácticas represivas del gobierno. En 1997, el gobierno siguió sin reformar el Código Penal que criminaliza el ejercicio de derechos fundamentales calificándolos de "propaganda enemiga," "desacato a la autoridad," "asociación ilícita," "estado peligroso" y "salida ilegal." Los tribunales cubanos violaron sistemáticamente las garantías del debido proceso, como el derecho de asesoría legal adecuada, el derecho a presentar testigos y pruebas, y la celebración de juicios públicos y libres de intimidación.

En 1997, uno de los disidentes enjuiciados fue Enrique García Morejón, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), sentenciado en febrero de 1997 a cuatro años de prisión por propaganda enemiga. El tribunal afirmó que había distribuido panfletos que decían "Abajo Fidel," aunque aparentemente el cargo fue motivado por haber reunido firmas para un intento fracasado de legalizar el MCL. En mayo de 1997, las autoridades cubanas condenaron a Ana María Agramonte Crespo, una miembro del Movimiento de Acción Nacionalista, a 18 meses de prisión por desacato y resistencia a la autoridad. También en mayo, un tribunal cubano condenó a Ricardo De Armas Hernández, miembro del PSD de Matanzas, a nueve meses de cárcel por estado peligroso. En agosto, se informó de que De Armas, detenido en la dura prisión de Agüica, había sido golpeado por los presos comunes. En agosto de 1997, un tribunal condenó a Luis Mario Pared Estrada, un líder del Partido 30 de Noviembre "Frank Pais," a un año de prisión por estado peligroso. En septiembre, un tribunal de La Habana condenó a su colega Maritza Lugo Fernández por cometer soborno, supuestamente había intentado pagar a un guardia de la cárcel para que entregara una grabadora a un preso.

El 10 de abril de 1997, Néstor Rodríguez Lobaina, el presidente de Jóvenes por la Democracia, también fue condenado a 18 meses de prisión por desacato a la autoridad y resistencia a un arresto. En septiembre, varios guardias de la prisión le golpearon cuando inició una huelga de hambre en protesta por las condiciones penitenciarias. El 17 de junio de 1997, un tribunal condenó a Radames García de la Vega, vicepresidente de Jóvenes por la Democracia, a 18 meses de cárcel por desacato a la autoridad. A finales de julio, el gobierno condenó a Heriberto Leyva Rodríguez, otro vicepresidente del mismo grupo, por desacato a la autoridad del tribunal de Santiago, basándose presuntamente en su testimonio durante el juicio de apelación por el caso García Vega celebrado a principios del mismo mes.

Los disidentes condenados por delitos políticos en 1997 se sumaron a los más de 800 presos políticos que alberga el sistema penitenciario cubano. Las condiciones penitenciarias siguieron siendo malas para todos los presos, y los disidentes sufrieron un trato especialmente abusivo. Los presos políticos padecieron con frecuencia pérdidas de peso debido a las escasas raciones de comida; problemas de salud graves, y con riesgo de muerte en ocasiones, debido a la insuficiente atención médica y, en algunos casos, fueron víctimas de abusos por parte de los guardias o de los presos comunes, con los que tenían que convivir habitualmente. Las autoridades penitenciarias forzaron a algunos disidentes a pasar periodos en las celdas de castigo, limitaron sus visitas o los trasladaron a centros alejados de sus familias. Las medidas de castigo e intimidación a presos políticos que causan dolores o sufrimientos graves constituyen una violación de las obligaciones contraídas por Cuba en 1995 al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En 1997, el gobierno volvió a prohibir el acceso a las prisiones de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones humanitarias internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Los guardias de la prisión de Kilo 8, famosa por sus condiciones de extrema dureza, siguieron sometiendo a un trato abusivo a Jesús Chamber Rodríguez. Este padeció un deterioro de la salud debido al confinamiento en celdas de castigo, la atención médica insuficiente, la mala alimentación y por no tener acceso a la luz del día durante semanas. En 1992, Chamber Rodríguez fue condenado a diez años de cárcel por propaganda enemiga, pero en 1996 las autoridades cubanas lo sentenciaron a cuatro años más por desacato a la autoridad, al parecer por haber criticado las condiciones de la prisión y gritado "abajo Fidel." Jorge Luis García Pérez, conocido con el nombre de Antúnez y condenado en 1990 a 17 años de prisión por propaganda enemiga, sabotaje y "evasión", también fue víctima del trato duro por parte de las autoridades penitenciarias. Los guardias respondieron a sus huelgas de hambre en protesta por las condiciones penitenciarias negándole las visitas familiares y medicina. En septiembre, los guardias de la prisión de Guantánamo golpearon a Antúnez cuando criticó al gobierno.

El hecho de que Cuba no ofreciera atención médica a los presos políticos provocó que muchos de ellos se encontraran en situación crítica. En 1997, Omar Del Pozo Marrero, un médico condenado a quince años de cárcel en 1992 que se encontraba detenido en la prisión del Combinado del Este, padeció problemas graves de hipertensión y malnutrición debido a la falta de atención médica, el hecho de no tener acceso a la luz del día durante semanas y la limitación de las visitas familiares. Las autoridades penitenciarias de Kilo 8 no proporcionaron a Eduardo Gómez Sánchez, condenado en 1994 a veinte años de cárcel por salida ilegal y rebelión, el tratamiento adecuado para una enfermedad del hígado que amarillecía su piel y le provocaba vómitos, diarrea y pérdida de peso.

Los esfuerzos de Cuba para aplastar las críticas también se dejaron ver en el interior de las prisiones, donde los presos que protestaron el trato inhumano fueron víctimas de medidas represivas, como palizas, aislamiento y procesos penales. El 21 de enero de 1997, un tribunal cubano condenó a Víctor Reinaldo Infante Estrada, que había sido condenado por un tribunal militar cubano a 13 años de cárcel en 1992, a un año más de prisión por desacato a la autoridad. El tribunal basó esta segunda condena en las denuncias por parte de Infante Estrada de los abusos en la prisión de Agüica, donde estaba detenido. En mayo, cuando reclamó una mejora del tratamiento médico, las autoridades penitenciarias lo castigaron de nuevo, aislándolo durante más de un mes en una celda de castigo.

En 1997, las fuerzas de seguridad hostigaron y detuvieron arbitrariamente a numerosos activistas pacíficos. La represión gubernamental afectó a amplios sectores de la sociedad, como los académicos, los activistas de derechos humanos, los sindicalistas, los líderes religiosos, las organizaciones juveniles y los partidos no oficiales. Las autoridades cubanas notificaron a muchos disidentes que se exponían a un proceso penal si no abandonaban sus actividades "contrarrevolucionarias" o salían del país. Ante estos avisos, varios activistas huyeron de Cuba, entre ellos Miguel Angel Aldana, un líder de la Asociación Cívica Martiana, que llegó a los Estados Unidos en abril de 1997, después de que las autoridades cubanas le amenazaran con condenarle a cuatro años de prisión por estado peligroso. Cuba utilizó una variedad de métodos para controlar a los grupos disidentes: registrar sin autorización, despedir a empleados, requisar máquinas de fax y fotocopiadoras, afirmar sin base la existencia de conexiones entre activistas y terroristas (en concreto, en relación a las once artefactos explosivos hallados en lugares turísticos cubanos entre abril y septiembre) y negar cualquier reconocimiento legal a los grupos disidentes. El gobierno también aumentó el acoso a los homosexuales y realizó redadas en varios bares nocturnos conocidos por tener una clientela homosexuales. Se informó que durante estas redadas las autoridades golpearon y detuvieron a decenas de clientes.

El 15 de julio de 1997, la intención oficial de silenciar la voz de la disidencia se puso claramente de manifiesto con las detenciones de cuatro líderes pacíficos y destacados del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna (GTDI): el profesor Félix Antonio Bonne Carcasses, los economistas Marta Beatriz Roque Cabello y Vladimiro Roca Antúnez, y el abogado René Gómez Manzano. El 5 de mayo, el Grupo celebró una conferencia de prensa concurrida en la que llamaron al boicot de las elecciones convocadas para finales de 1997. En junio, el GTDI publicó una declaración titulado "La Patria es de Todos," en la que criticaba el reconocimiento de un sólo partido político en Cuba. Las autoridades calificaron las protestas pacíficas de los disidentes de "delitos contrarrevolucionarios." Cuando se escribió este informe, los cuatro líderes seguían en prisión preventiva a la espera de un posible juicio por propaganda enemiga y desvelar secretos de estado, según se informó, relacionados con el sistema electoral cubano.

En 1997, Cuba siguió ejerciendo un control estricto de los derechos laborales y no permitió la formación de sindicatos independientes. La Ley de Zonas Francas y Parques Industriales exigió que los empresarios contraten a sus empleados a través de la agencia controlada por el gobierno, que al parecer selecciona a algunos trabajadores en función de sus ideas políticas. Los activistas laborales independientes fueron víctimas del hostigamiento gubernamental. El 12 de julio, los agentes de la seguridad del estado interrogaron en La Habana a Manuel Antonio Brito López, el secretario general de la Unión de Trabajadores Independientes, y le aconsejaron que restringiera sus movimientos hasta el 6 de agosto, fecha de la clausura del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

A finales de mayo, en preparación del Quinto Congreso del Partido Comunista, el gobierno publicó un manifiesto político con el título "El partido de la unidad, la democracia y los derechos humanos que defendemos," que elogiaba el aparentemente intachable historial de Cuba en materia de derechos humanos. Además, en el documento se instaba a la prensa "realmente libre" a "garantizar la continuidad de las ideas y valores socialistas, patrióticos, antiimperialistas de la Revolución misma..." Mientras tanto, el gobierno dejó patente su desdén por la verdadera libertad de prensa a lo largo de todo el año. En julio, las autoridades cubanas sentenciaron a Lorenzo Páez Núñez, periodista de la agencia Habana Press en Pinar del Río, a ocho meses de prisión por desacato y difamación de la policía, partiendo de sus informaciones sobre presuntos abusos policiales.

Las autoridades cubanas recurrieron considerablemente a las detenciones tanto cortas como largas para intimidar a los periodistas. El 23 de junio, las autoridades detuvieron en Pinar del Río a Héctor Peraza Linares, Director Adjunto de Habana Press, y no lo pusieron en libertad hasta septiembre. Raúl Rivero, Director de Cuba Press, fue detenido el 28 de julio y el 12 de agosto. A mediados de septiembre, las autoridades cubanas pusieron en libertad sin cargos al periodista de Cuba Press Efrén Martínez Pulgarón, al que habían detenido el 13 de agosto. Cuba también empleó otras tácticas de disuasión. El 26 de febrero, las autoridades hostigaron a Tania Quintero, de Cuba Press, y a su colega Ana Luisa Baeza con "mítines de repudio" en los que grupos de hasta sesenta simpatizantes del gobierno se reunieron frente a sus casas para lanzar objetos y gritar críticas contra ellas. En mayo, el Director de Habana Press, que había sido detenido el 21 de febrero, fue golpeado por varios atacantes que posteriormente fueron identificados por él como miembros de las fuerzas de seguridad del estado y del comité vecinal del Partido Comunista.

El gobierno autorizó a trabajar en Cuba a un número mínimo de corresponsalías de prensa, entre ellas, a partir del 19 de marzo, la cadena estadounidense Cable News Network (CNN). Mientras que el gobierno de los Estados Unidos aprobó licencias para operar en Cuba a otros nueve medios de comunicación, el gobierno cubano no correspondió a la iniciativa. En febrero de 1997, se decretaron nuevas normas que concedían a las autoridades cubanas el derecho de reprender o retirar las credenciales de los periodistas extranjeros que no demostraran "objetividad," tergiversaran los hechos o no respetaran la ética periodística.

Otras iniciativas legales cubanas limitaron aún más el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y movimiento. En diciembre de 1996, Cuba aprobó la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, también conocida como la Ley Mordaza. Esta ley, una respuesta a la Ley Helms-Burton que hizo más severo el embargo estadounidense, estipulaba mayores restricciones a la libertad de expresión y criminalizaba incluso el apoyo aparente a las políticas de los Estados Unidos. Las autoridades cubanas se empeñaron en convocar manifestaciones de apoyo popular a la ley. A principios de 1997, el gobierno hizo circular un manifiesto de apoyo a la ley, la Declaración de los Mambises del siglo XX (los mambises fueron los que lucharon por la independencia cubana), en las organizaciones de masas, escuelas, universidades y lugares de trabajo. El 7 de abril, las autoridades cubanas detuvieron durante un periodo breve a Fidel Emilio Abel Tamayo, el padre de uno de los varios alumnos escolares que se habían negado a firmar la declaración en marzo.

En abril, Cuba amplió su control de los movimientos ciudadanos con la aprobación del Decreto 217, que obligaba a todos los residentes que no fueran "legales" a salir de La Habana. El Presidente Castro elogió el potencial de la iniciativa para minimizar la "indisciplina." A finales de abril, la prensa oficial cubana anunció que el gobierno había enviado a más de 1.600 "residentes ilegales" de La Habana a sus provincias de origen "utilizando métodos persuasivos." Cuba también mantuvo su prohibición de la emigración sin autorización y siguió procesando por el delito de "salida ilegal." En octubre de 1996, las autoridades cubanas condenaron a Abel Denis Ambroise Sanville a 14 años de cárcel por salida ilegal.

Cuba intentó debilitar los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Como ya lo había hecho en 1996, Cuba presionó para que se redujeran las competencias del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, que había censurado a Cuba en el pasado. En la 53ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra en marzo y abril de 1997, Cuba logró que se limitara el ámbito de operación del Grupo de Trabajo. Cuba también patrocinó una resolución en la que se instaba a los Estados Partes a que no emplearan medidas económicas o políticas coercitivas para responder a las prácticas negativas en materia de derechos humanos de los países miembros.

La defensa de los derechos humanos

El gobierno prohibió la entrada al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos, así como al CICR y al Relator Especial de las Naciones Unidas. En septiembre de 1997, Human Rights Watch/Americas solicitó permiso para realizar una investigación independiente en Cuba; donde le habían negado la entrada desde 1995. En octubre, la solicitud fue denegada.

Odilia Collazo Valdés, la presidenta del Partido Pro Derechos Humanos (PPDH), fue víctima de varias detenciones durante 1997, así como otros miembros del PPDH, como Maite Moya Gómez y Jorge Luis Rodríguez. El 23 de octubre, un tribunal cubano de Santa Clara condenó a once miembros del PPDH por "asociación para delinquir" y "desobediencia," y les impuso penas que oscilaban entre un año de arresto domiciliario (María Felicia Mata Machada) a un año y medio de prisión o campo correccional (José Antonio Alvarado Almeida, Ileana Peñalver Duque, Roxana Alina Carpio Mata, Lilian Meneses Martínez, Arélis Fleites Méndez, Marlis Velázquez Aparicio, Iván Lema Romero, Danilo Santos Méndez, Vicente García Ramos y José Manuel Yera Meneses). El juicio se celebró después de que los activistas convocaran una huelga de hambre en protesta por la detención de otra miembro del PPDH, Daula Carpio Mata. Se informó de que el juez sólo concedió diez minutos al abogado defensor para que presentara el testimonio de todos los acusados. El 29 de octubre, el tribunal condenó a Carpio Mata a 16 meses de campo correccional por asalto, después de que ésta criticó abiertamente el sistema judicial en un juicio anterior.

René Gómez Manzano, un abogado de la Corriente Agronomista, un grupo de defensa legal, y líder del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, seguía detenido cuando se escribió este informe. A principios de 1997, tras varias negativas, Cuba concedió a Elizardo Sánchez Santacruz, el líder de la Comisión Cubana para los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional, permiso para viajar fuera del país y le permitió regresar a Cuba. El 30 de mayo, el gobierno cubano detuvo durante 72 horas al colega de Sánchez, Moisés Rodríguez Quesada, y le advirtió que debía dejar su trabajo o salir de Cuba.