1984 de Orwell en 2008. Comenzamos por Alemania: Libertad/Seguridad.

El Gobierno grabará las llamadas telefónicas para combatir el terrorismo. A partir del 1 de enero de 2009 también se registrará el acceso a Internet

Las llamadas de teléfono ya no son secretas en Alemania

Guillems Sans Mora
Público

Quién ha llamado a quién, cuándo, desde dónde y durante cuánto tiempo: estos son los datos de teléfonos fijos y móviles que el Estado alemán mantendrá archivados a partir de este 1 de enero durante seis meses, para prevenir atentados terroristas.

Se hará automáticamente y afectará a todos los ciudadanos sin excepción. Un año más tarde, a partir de 2009, las autoridades también podrán espiar el contenido completo del disco duro de todos los ordenadores del país, sin autorización judicial y sólo "en casos excepcionales".

Así lo regula la ley de la gran coalición de Angela Merkel, que acaba de firmar el presidente federal, Horst Köhler, y que prevé facilitar también el espionaje telefónico a abogados, periodistas y médicos, para los que dejará de valer el secreto profesional.

Más de 70.000 internautas se resisten, y presentarán en los próximos días una demanda contra la ley ante el Tribunal Constitucional Federal. El portavoz de los demandantes, Ricardo Cristof Remmert-Fortes, dijo ayer que pretende parar la ley por la vía de urgencia y calificó de "absolutamente incomprensible" que Köhler la haya firmado sin expresar ningún tipo de duda.

El ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, la defiende con el argumento de que los atentados islamistas de Madrid y Londres pudieron esclarecerse rápidamente gracias a este tipo de medidas.

Los demandantes replican que las disposiciones legales ya existentes, para vigilar las telecomunicaciones en la lucha contra el crimen organizado, son suficientes. Éstos realizarán mañana -un día antes de la entrada en vigor de la ley- una marcha funeraria en Hamburgo. Portarán un ataúd "en duelo por la pérdida de la esfera privada de las alemanas y alemanes".

Un grupo de políticos liberales, encabezados por el veterano Burkhard Hirsch, también ha acudido al Constitucional para frenar una ley que pone a todos los ciudadanos a priori bajo sospecha.

Creen que el ministro ha ido más allá de lo que establece una directiva europea pensada para el mismo fin, y contra la que el gobierno de Irlanda ha presentado ya una demanda ante el Tribunal Europeo de Justicia.

En 2008 los teléfonos y en 2009 internet:

A partir del 1 de enero de 2008 se realizará una campaña masiva de grabación de datos de llamadas telefónicas, ya sea desde fijos o móviles. Se recopilarán los nombres de los usuarios, la duración de las llamadas, e incluso el sitio desde donde se realizan, pero nunca el contenido.

A partir del 1 de enero de 2009 también se registrará el acceso a Internet, la duración de la navegación, la dirección IP, y los contactos y asuntos del correo electrónico.

Interior podrá rastrear todas las llamadas telefónicas para lu

 Interior podrá rastrear todas las llamadas telefónicas para luchar contra el terrorismo
El Gobierno aprueba un proyecto de ley que obliga a las operadores a conservar un año los datos de cualquier tipo de comunicación electrónica, incluido Internet No afectará al contenido de las conversaciones y necesitará autorización judicial
P. DE LAS HERAS/COLPISA. MADRID
CONTROL. Lo operadores registrarán en un libro la identidad de quien adquiera tarjetas. / SUR. ARCHIVO 
 

Las Fuerzas de Seguridad del Estado podrán rastrear todas las llamadas telefónicas: su origen, su destino, su duración y hasta las personas que participen en ellas. El Gobierno aprobó ayer, para su remisión a la Cortes, un proyecto de ley con el que pretende hacer frente a muchos de los problemas con los que se enfrentaron los investigadores del 11-M tras la masacre de los trenes.

El texto obligará a los operadores a conservar durante un año datos generados en cualquier tipo de comunicación electrónica, incluida la que se produzca a través Internet. La iniciativa no afecta, aún así, al «contenido» de las conversaciones. Además -según explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega- requerirá «siempre» autorización judicial.
Plan de choque
El Gobierno ha dado por fin un paso anunciado por el anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, poco tiempo después de asumir su cargo. El hoy titular de Defensa presentó en mayo de 2004 un plan de choque contra el terrorismo islamista en el que se abogaba, precisamente, por este tipo de medidas.
El motivo no era otro que el destacado papel que tuvieron los teléfonos móviles en los atentados de Atocha. Los terroristas los utilizaron para activar las bombas que estallaron en los trenes y la policía tuvo serias dificultades para identificar a sus titulares, sobre todo, porque todos llevaban tarjetas prepago y no de contrato. Ahora -una vez el texto sea aprobado por el Parlamento- se exigirá a los operadores telefónicos que registren en un libro la identidad de quienes adquieran estas tarjetas. La ley les concederá un plazo de tres meses para realizar las adaptaciones técnicas necesarias. Lo que no está determinado, en este caso, es durante cuánto tiempo deberán guardar los datos. Fernández de la Vega subrayó que el «Gobierno es consciente de que debe mantenerse sin merma el derecho a la intimidad» y garantizó que el proyecto «incorpora herramientas para garantizar el buen uso de los datos».
A su juicio, la iniciativa servirá para incrementar la eficacia en la prevención de delitos y la obtención de pruebas judiciales contra bandas terroristas y organizaciones criminales y permitirá hacer frente a unas mafias que, dijo, «reclutan especialistas de nivel» en materia de telecomunicaciones.

En la Cuba de los cubanos:

No controlan el teléfono.

Sino que se lo pregunten al que hace el comentario sobre el escrito de Ramonet.

Y es que, para muestra, un botón.

Pero esto no es nada nuevo

Si esto ya lo llevan haciendo un siglo en los países comunistas... cámaras de vigilancia por todas partes, espías, chivatos, etc...

Igualito igualito

que en la Cuba de fidel o en la Corea comunista