TENEMOS VOTOS, QUEREMOS TENER VOZ En los primeros años de la transición, cuando acabábamos de salir de un régimen autocrático que había perseguido todo tipo de actividad política democrática, tuvo cierto sentido el estado de partidos tan rígido que la Ley Orgánica de Régimen Electoral establecía en los diferentes comicios. Había que cimentar el sistema, y se entendió que lo mejor era hacerlo consolidando los partidos políticos mayoritarios, un sistema cuasi bipartidista. Pero después de treinta años de democracia el sistema está asegurado y se hace necesaria una reforma de la Ley Electoral, fundamentalmente en el ámbito del Parlamento surgido de las elecciones generales y para las Cortes, y que de una vez por todas se establezca un sistema verdaderamente democrático.

Nuestro sistema es proporcional, con lo que puede parecer garantizado el pluralismo. Pero no es así. Con el pretexto de la gobernabilidad, se han introducido tales correctivos que dificultan, cuando no hacen imposible, la existencia de los partidos minoritarios, a no ser los de carácter nacionalista o los regionales. El sistema actual se basa en la famosa ley d´Hont, una regla cuyo efecto es que no todos los diputados han necesitado del mismo número de votos para ser elegidos. Valga para ello un par de ejemplos: el 5% de votos de IU vale prácticamente lo mismo que el 0,86% de Coalición Canaria, y los independentistas de ERC doblan los escaños de la coalición de izquierdas aunque sólo cuentan con la mitad de electores. En las últimas elecciones generales cada voto de izquierda unida  “costo” 253.906 mientras que al PP 66.071 votos y al PSOE 66521 votos.

Ante esta situación se hace imprescindible una reforma electoral para que todos los votos tengan el mismo valor, donde la honestidad presida las reglas del juego, donde cada partido político ostente en las Cortes la representación que realmente quiere el pueblo que tenga. El sistema actual es simplemente una vergonzosa farsa de democracia, quebrándose el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución Española, al impedir que todos los votos tengan el mismo valor.

Debemos buscar una reforma de la Ley Electoral que establezca un sistema estrictamente proporcional creando una circunscripción de restos con lo que todos los votos valdrían igual. El número de escaños que obtendría un partido sería estrictamente proporcional al de votos conseguidos. Desaparecería entonces el llamado voto útil, y la apreciación de que inclinarse por tal o cual formación política significa tirar el voto.

Existe una relación inversa entre bipartidismo y democracia. Cuanto más se consolida aquel, más se diluye ésta. El sistema se hará tanto más democrático cuanto más se propicie el pluralismo político y se haga viable -no sólo en teoría sino también en la práctica- la existencia de múltiples formaciones políticas.

Por ello debemos aplaudir la iniciativa presentada en estos últimos días por Izquierda Unida que propone aumentar el número de escaños en el parlamento y en las Cortes, donde se quiere trasladar el potencial de representación municipal a las Cortes. Esta reforma debería realizarse antes del Estatuto de Autonomía para poder entrar en vigor con las próximas elecciones autonómicas en 2007.