El alcalde de La Seca pide que Sanidad inspeccione el estado del gueto rumano

El alcalde de La Seca, Damián Recio (PP), anunció ayer su intención de reclamar a la Consejería de Sanidad que inspeccione el asentamiento rumano ubicado en torno al antiguo matadero municipal para 'determinar las condiciones en las que están viviendo estas personas y seguir los pasos que consideren oportunos'.

Tales condiciones son evidentemente infrahumanas -carecen de los más mínimos servicios básicos-, toda que vez que los cerca de cuarenta inquilinos de las chabolas levantadas hace una semana escasa carecen de recursos económicos y malviven hacinados en el interior -o exterior- de unos improvisados chamizos construidos con plásticos viejos y tablas de madera. Sus ocupantes utilizan además el patio del inmueble de titularidad municipal -el suelo también lo es- para aparcar sus coches y furgonetas.

La llegada de los ahora ciudadanos comunitarios, a los que acompaña otro nutrido grupo asentado en un segundo núcleo a un kilómetro del pueblo, 'no había generado ningún problema' -reconoce el regidor- hasta que el miércoles un compatriota residente en una casa de alquiler denunció al patriarca por enviar a sus supuestos secuaces para exigirle el pago de 7.000 euros a cambio de permitirle seguir en el municipio -sin más base que la mera extorsión- bajo amenazas de muerte, tanto hacia él como hacia su mujer y los nueve hijos del matrimonio.

El supuesto cabecilla de la comunidad rumana, quien vive en la localidad desde hace tres años y que acudió ayer al Ayuntamiento para reunirse con el alcalde, negó ayer la mayor. 'Me dijo que él no ha hecho nada ni le ha dicho a nadie que haga esa práctica -la extorsión-', resumió Damián Recio antes de adelantar que hoy intentará sentar juntos al patriarca y a la víctima para 'evitar que surjan nuevos problemas'.

El obrero rumano que denunció las coacciones ratificó ayer que sus compatriotas e, incluso, el propio cabecilla a través del teléfono móvil -el número está recogido en la denuncia- le pidieron el martes y el miércoles que 'les pagara cinco euros diarios ó 7.000 euros de golpe para el patriarca para poder seguir en el pueblo porque él era el jefe de este lugar'.

La negativa de la víctima hizo que sufriera al menos dos agresiones -una el martes en su lugar de trabajo y otra al día siguiente frente a su casa- a manos supuestamente de los inquilinos del poblado del matadero y que le amenazaran con 'matarnos o secuestrar a alguno de mis hijos si no accedíamos a dar el dinero'.

'Impuesto revolucionario'

El operario recuerda que ya abonó el 'impuesto revolucionario' al patriarca durante su primera estancia en el municipio hace dos años, cuando 'me dijo que le diera los cinco euros diarios por el trabajo que me había buscado'. Poco después regresó a su país 'porque no podía pagar ese dinero' y, ahora, después de volver sin su ayuda, 'resulta que me vuelve a exigir lo mismo como si fuera el jefe del pueblo cuando él vive muy bien sin trabajar ni hacer nada'.

Los agentes de la Policía Judicial de la Benemérita de Tordesillas investigan ahora la denuncia interpuesta por el trabajador rumano sin que hasta el momento hayan practicado detenciones. Una patrulla, eso sí, estuvo ayer en el municipio identificando a algunos ocupantes del poblado y vigilando la casa de la víctima.

El subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo, confirma que 'la Guardia Civil está indagando sobre lo sucedido' y recordó que 'los ciudadanos rumanos pueden circular libremente por la Unión Europea con los únicos requisitos de pedir un certificado especial si permanecen más de tres meses dentro del país y un permiso de trabajo si les ofrecen algún contrato laboral'.

Vadillo, sin embargo, animó a las víctimas a denunciar situaciones como la que se está investigando en La Seca y matizó que las competencias sobre la existencia del poblado recaen sobre la Junta, en cuanto a la situación higiénico-sanitaria, y sobre el Ayuntamiento, al estar asentado sobre suelo de su titularidad.

El portavoz del Ejecutivo prometió que los agentes, al menos, 'estarán atentos para evitar nuevos incidentes'. Lo mismo desea el alcalde, Damián Recio. Este aclaró que está 'dispuesto a ayudar a las personas que demuestren que son honradas para que puedan vivir en buenas condiciones'.

Los antecedentes de otros asentamientos, como el de Ventosa de la Cuesta (2005) o Puente Duero (2006), demuestran que solo la intervención policial fue efectiva para desmantelarlos. El problema, sin embargo, solamente se mudó de sitio.