Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. AMNISTIA INTERNACIONAL: INFORME 2006. CUBA: Continuaron causando seria preocupación las restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación. Casi 70 presos de conciencia permanecieron encarcelados. El embargo estadounidense siguió teniendo un efecto negativo en el disfrute de toda la gama de derechos humanos en Cuba. La situación económica se deterioró y el gobierno trató de suprimir la iniciativa empresarial privada. Había más de 30 personas condenadas a muerte; ninguna fue ejecutada.

EEUU.

Miles de personas siguieron bajo custodia estadounidense sin cargos ni juicio en Irak, Afganistán y en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Se recibieron informes de la existencia de centros de detención secretos gestionados por Estados Unidos en lugares no revelados, donde los detenidos permanecían recluidos en condiciones que prácticamente constituían «desaparición». Decenas de detenidos en Guantánamo comenzaron una huelga de hambre como protesta contra el penoso trato a que eran sometidos y por no poder acceder a los tribunales; según informes, algunos estaban gravemente enfermos. Siguieron saliendo a la luz informes sobre muertes bajo custodia, tortura y malos tratos a manos de fuerzas estadounidenses en Irak, Afganistán y Guantánamo. Pese a la existencia de pruebas de que el gobierno estadounidense había aprobado técnicas de interrogatorio que consti­tuían tortura o malos tratos y «desapariciones», ningún alto cargo rindió cuentas al respecto, ni siquiera los que podían haber sido culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Se celebraron varios juicios de soldados de baja graduación acusados de cometer abusos contra detenidos; en la mayoría de los casos, las penas fueron leves. Se recibieron informes de brutalidad policial y uso de fuerza excesiva en territorio estadounidense. 61 personas murieron tras recibir descargas de armas Taser de la policía, cifra que suponía un enorme aumento respecto a años anteriores. Fueron ejecutadas 60 personas, con lo que el total se elevó a más de 1.000 desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977.

ESPAÑA.

Se crearon tribunales especiales para proteger a las mujeres frente a la violencia, pero la ley seguía sin exigir que fuese el Estado el que iniciase las investigaciones y los enjuiciamientos cuando se cometiesen delitos violentos en el ámbito familiar. Si bien se ofreció a migrantes que vivían en España la oportunidad de regularizar su residencia, a la mayoría de las personas que lograron cruzar las fronteras meridionales de España en el norte de África y las Islas Canarias se les negó la asistencia para solicitar asilo, y a muchas se las expulsó ilegalmente. Al menos 13 migrantes procedentes del África subsahariana murieron, y decenas resultaron heridos al intentar entrar en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, situados en el norte de África; en la mayoría de los casos, la muerte y las lesiones fueron, según informes, consecuencia del uso excesivo de la fuerza o de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Las condiciones de algunos centros de detención de menores eran tan deficientes que constituían «malos tratos institucionales».