El Gobierno sólo costearía a asociaciones de izquierda la exhumación de la fosa de Alcalá J. ALBIOL. MADRID.ABC La voluntad del juez militar responsable del caso de la fosa común hallada en Alcalá de Henares, que desea solicitar la ayuda de las asociaciones dedicadas a la exhumación de víctimas de la Guerra Civil, ha vuelto a poner al descubierto las contradicciones de la Ley de Memoria Histórica. La ley aprobada por el Gobierno sólo reconoce la existencia de la represión franquista y, en consecuencia, sólo permite subvencionar a las asociaciones dedicadas a las víctimas de esta represión.

En el debate de la polémica ley en la Comisión Constitucional del Congreso, el 17 de octubre de 2007, el diputado socialista Juan Antonio Barrio de Penagos respondía así a las críticas de que la ley sólo permita subvencionar la exhumación de las víctimas de un bando: «Los que están desaparecidos todavía son unas víctimas, son víctimas del franquismo, qué se le va a hacer, ese es el caso». Ante esta visión sesgada de los horrores de la Guerra Civil, la fosa hallada en Alcalá ha vuelto a poner de relieve que son muchos los españoles que desconocen el paradero de familiares que fueron víctimas de la represión republicana. Entre éstas víctimas se cuentan también miles de personas, pertenecientes a las propias filas republicanas, incluidos brigadistas internacionales, asesinadas por sus correligionarios. Víctimas «buenas» y «malas» Si bien nadie discute hoy que son más numerosas las víctimas de la represión franquista que aún se encuentran desaparecidas, la ley no ha dejado apenas resquicio para que unos y otros españoles, víctimas de la barbarie fratricida, tengan el mismo reconocimiento en una ley dictada en democracia. Con ello, Zapatero ha incurrido en la misma manipulación maniqueísta del régimen de Franco, dividiendo a las víctimas en «buenas» y «malas» según quiénes fueran sus verdugos. La Ley de Memoria Histórica reconoce en su artículo 11 la posibilidad de que puedan recibir subvenciones las asociaciones dedicadas a «la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior». Pero fija que sólo puedan recibir estas ayudas las asociaciones creadas antes del 1 de junio de 2004, fecha antes de la cual ya habían sido creadas las principales asociaciones, afines a la izquierda, que trabajan en este campo. Las citadas asociaciones son la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), situada en la órbita del PSOE, y el Foro por la Memoria, de Izquierda Unida. Ambas fueron creadas durante las legislaturas del Partido Popular: en el año 2000 la primera y en el 2002 la segunda. Y ello pese a que desde el año 1977, incluido el periodo de gobierno socialista entre 1982 y 1996, ninguna ley democrática ha prohibido en España la localización y exhumación de restos de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra. Alguna de estas entidades justifican lo tardío de su preocupación por las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura con argumentos insólitos, como el de que «tuvimos que esperar hasta el año 2000, a que las Naciones Unidas condenaran todos los regímenes totalitarios y dictaduras, entre ellas la franquista», tal y como puede leerse hoy en la página web de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga. Bajo el pretexto de la «memoria histórica», que la izquierda había desatendido en sus catorce años de gobierno, el PSOE e IU se dotaron de un poderoso instrumento para utilizar la Guerra Civil como arma arrojadiza en su oposición contra el PP, rompiendo uno de los consensos básicos de la Transición. Los «olvidos» del PSOE Esta utilización política de la Guerra Civil queda patente al comprobar que en estos cuatro años de gobierno el PSOE ha tenido muy mala memoria acerca de las reclamaciones que realizaba en la oposición, cuando se decía portavoz de unas víctimas «olvidadas». Baste recordar que Jesús Caldera, hoy ministro de Trabajo, presentó en julio de 2003 una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno de Aznar anulara todos los juicios sumarios del franquismo, haciéndose eco de una reclamación de muchas víctimas, petición que el PSOE ha desoído al llegar al poder. Por no olvidar la enmienda que Amparo Valcarce, hoy Secretaria de Estado en el Ministerio de Caldera, llegó a presentar en 2002 para que el Gobierno del PP incluyera en los Presupuestos Generales del Estado una partida de un millón de euros para las exhumaciones de fosas comunes, de la que una vez en el Gobierno los socialistas han preferido olvidarse. Fuentes parlamentarias recuerdan incluso que en la tramitación de la Ley de Memoria Histórica, el PSOE y sus socios se negaron a incrementar las indemnizaciones para los que habían sufrido cárcel bajo el franquismo por motivos políticos. La razón de esta negativa era muy simple: tal incremento lo solicitaba el PP, a quien ellos tachaban de franquista. Así, el «cordón sanitario» contra el PP acabó por estrangular una merecida compensación a los viejos izquierdistas que penaron por sus ideas en las cárceles de Franco.